La UE tumba la ley italiana que ve delito la inmigración irregular

maría signo ROMA / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

El ministro Maroni afirma que la decisión imposibilitará las expulsiones

29 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló ayer contra la ley italiana del 2009 que prevé el delito de inmigración ilegal. El Ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, manifestó su insatisfacción por la sentencia, lamentándose que «hay otros países europeos que prevén el delito de clandestinidad y no son censurados. Querría entender por qué es siempre Italia y solo Italia», se preguntó.

Además, añadió que «con la eliminación del delito acoplada a la directiva europea sobre repatriaciones, se corre el riesgo de hacer imposibles las expulsiones, transformándolas solo en intimidaciones para abandonar el territorio nacional en siete días. Esto hace absolutamente ineficaces las políticas de lucha contra la inmigración clandestina».

Maroni se mostró dispuesto a continuar con las expulsiones de inmigrantes, ya que «con Túnez en concreto, funcionan bien. Son más de 600 los tunecinos repatriados desde el 5 de abril», explicó. La polémica del ministro del Interior con la UE sobre la ayuda prestada a Italia ante la avalancha de inmigrantes a sus costas se agudiza: «Italia está en Europa y es necesario que las instituciones europeas se den cuenta de que los problemas que tiene Italia no son solo suyos, sino son problemas que tiene el resto de Europa», dijo.

Para el Tribunal de Justicia europeo, la ley italiana entra en contradicción con la directiva comunitaria al imponer como pena la reclusión «para un ciudadano de un tercer país que reside irregularmente y que no ha seguido una orden de abandonar el territorio nacional».

El detonante

La sentencia se refiere al caso de Hassen el Dridi, un inmigrante argelino que el año pasado fue condenado a un año de reclusión por el tribunal de Trento por no haber respetado la orden de expulsión, ya que no poseía medios de transporte para abandonar Italia. La sentencia fue impugnada ante el tribunal de apelación de Trento, que acudió al Tribunal Europeo para que aclarase si la ley italiana era conforme a la directiva europea sobre la repatriación de ciudadanos de terceros países.