La víctima, de 52 años, recibió un disparo en la cabeza frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando realizaba una protesta.
17 dic 2010 . Actualizado a las 21:59 h.Una mexicana, que luchaba desde hace dos años para que se hiciera justicia por la muerte de su hija, fue asesinada de un disparo en la cabeza frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando realizaba una protesta, confirmó este viernes el gobernador de ese estado, César Duarte.
Marisela Escobedo Ortiz, de 52 años, fue atacada por un grupo de tres hombres que inició una discusión con ella, uno de los cuales le disparo a quemarropa, informó la Fiscalía de Chihuahua, estado al que pertenece Ciudad Juárez.
Los hechos ocurrieron anoche, cerca de las 20:00 hora local (1:00 GMT), y tras la agresión Escobedo fue trasladada aún con vida a una clínica donde falleció.
De acuerdo con la información de la Fiscalía y según los vídeos de cámaras de seguridad, Escobedo cruzó una calle e intentó huir al sentirse amenazada pero uno de los individuos la siguió y le disparó en la cabeza.
Dos de los agresores dejaron inmediatamente el lugar a pie mientras que el homicida fue recogido por un automóvil frente al lugar de los hechos, de acuerdo con las imágenes difundidas y los primeros datos recabados por la Fiscalía.
Durante meses, Escobedo había encabezado diversas marchas y protestas en Ciudad Juárez y Chihuahua para exigir al gobernador que se hiciera justicia en el caso del asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, así como contra la impunidad en relación a los crímenes de mujeres ocurridos desde 1993 en Juárez.
La joven Rubí Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez en agosto de 2008 cuando tenía 16 años supuestamente por su novio, Sergio Barraza Bocanegra, quien fue arrestado en junio de 2009 pero exonerado en un juicio de primera instancia el pasado 30 de abril, tras el que quedó libre.
Posteriormente, un tribunal de casación (segunda instancia) revocó la sentencia y condenó a Barraza, quien está prófugo actualmente, por el homicidio de Rubí Frayre.
Tras el crimen de Marisela el gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaró a la emisora MVS que lo ocurrido ayer era un hecho que le lastimaba y llenaba «de indignación» y «frustración».
El gobernador consideró que la víctima fue «un ejemplo en Chihuahua, de vigor, de fortaleza para buscar la justicia en torno a quien asesinó a su hija hace dos años», y anunció medidas contra los jueces que dejaron libre a Barraza.
«Él, confesó, aceptó y él mismo declaró el lugar donde fueron desechados los restos del cuerpo de la hija de Marisela. Esto es lo que a nadie, la verdad, le puede caber en la cabeza la irresponsabilidad de estos jueces que pusieran en libertad a un sujeto altamente peligroso para la sociedad», dijo Duarte.
El gobernador aseguró que pedirá al Congreso de Chihuahua la «separación del cargo» de los jueces y «su desafuero para imponerles un castigo ejemplar» y tratar de que el caso no quede impune, adelantó.
Ciudad Juárez está considerada la ciudad más violenta de México, donde en lo que va de año se han registrado más de 3.100 asesinatos de los casi 12.500 ocurridos en el año, según datos oficiales.
Amnistía Internacional (AI) condenó el crimen y lamentó que «una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en Chihuahua ha llevado a que sean los familiares y las organizaciones de derechos humanos los que sufren las represalias por luchar por la justicia y la verdad».
«Las deficiencias del sistema de justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas o desaparecidas en el estado de Chihuahua quedan otra vez demostradas con el asesinato de una mujer valiente que no dejó de presionar a las autoridades para que hagan justicia por su hija», recordó AI en un comunicado
Sobre el caso también emitieron un comunicado conjunto el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM) y Justicia para Nuestras Hijas, y otras tres ONG.
Recordaron en la nota que la activista llegó a solicitar audiencia con el presidente de México, Felipe Calderón, y con el fiscal general de México, Arturo Chávez, pero que éstos «se negaron a recibirla».
«Ante tal incapacidad, cantidad de omisiones, desprecio y negligencia, el Estado mexicano es responsable y debe responder inmediatamente por el asesinato de Rubí y Marisela. Ya basta. Ni una más», concluyeron las ONG.