El afán del Gobierno español de no soliviantar a Marruecos ha colocado al PSOE en una posición compleja y, según admiten en sus filas, muy difícil de entender por sus propias bases. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hizo saltar ayer la alarma cuando desde la tribuna del Congreso defendió que España poco puede hacer para evitar que Rabat bloquee la entrada de informadores u observadores en El Aaiún. «No podemos negar que la admisión en territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía del país», dijo.
Minutos después, ya fuera del hemiciclo, el ministro matizó que en ningún caso había pretendido hacer un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Pero para entonces, la noticia ya había saltado el Atlántico y había llegado a los oídos de la titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, de gira por Bolivia y Ecuador. La jefa de la diplomacia trató de lanzar un capote a Jáuregui, que al fin y al cabo había tenido que dar la cara por ella en un asunto incómodo durante la sesión de control al Gobierno, y alegó que existe una prueba irrefutable de que el ministro simplemente había incurrido en un lapsus , que es el de que España no tiene en El Aaiún un consulado.
Eso se debe, según remarcó desde Quito, a que, «aunque constatamos, como el resto de países, la situación de control de ese territorio por parte de Rabat no reconocemos que esa situación esté internacionalmente actualizada». Algo similar expuso Jáuregui en su intento de deshacer el entuerto. «Es Marruecos el que determina, por su capacidad de administrar el territorio, quién entra y quién no entra», dijo.
No es del todo nueva esta postura por parte del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Ya durante el conflicto abierto por la expulsión a Canarias de la activista saharaui Aminatu Haidar, se accedió a poner por escrito que «la ley marroquí se aplica en el Sáhara Occidental». Solo así se logró que las autoridades marroquíes permitieran a Haidar la entrada en su propio país.
Resoluciones de la ONU
Entonces, como ahora, el Gobierno adujo que se había limitado a constatar algo que, según su criterio, ya está en las resoluciones de la ONU: que hasta que el diferendo sobre la ex colonia española no se resuelva es el reino alauí el que ejerce como potencia administradora. Pero aquí está el nudo gordiano que pone en un brete político al Gabinete de Zapatero, porque aunque de facto Marruecos ejerza como tal, no es potencia administradora de iure . Es más, las Naciones Unidas siempre han considerado el Sáhara como un territorio ocupado (lo que convierte al país magrebí, en todo caso, en potencia ocupante).
Tanto los servicios jurídicos de la ONU como el Tribunal de La Haya dictaminaron en su día que ni Rabat tiene autoridad sobre la zona ni el Acuerdo de Madrid de 1975 se la transfirió ni tampoco España podía habérsela otorgado de modo unilateral cuando se retiró de la zona.
Tanto el diputado del PNV Aitor Esteban -que fue quien cuestionó en el pleno la actuación del Gobierno-, como el coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, recordaron que España sigue siendo legalmente potencia administradora del Sáhara y que, por lo tanto, tiene mucho que decir.
Conflicto moral
El PSOE se enfrenta así a un conflicto moral porque aunque son muchos quienes reconocen que lo que les pide el cuerpo es condenar sin paliativos los incidentes de El Aaiún, el Gobierno ha impuesto la prudencia a fin de preservar lo que, a su juicio, son intereses nacionales: Rabat es un importante socio económico e imprescindible para el control del terrorismo islámico, las mafias de la inmigración y el narcotráfico. En ese contexto, cabe leer intentos de nadar y guardar la ropa como el protagonizado por Jáuregui. «No se trata de hacer una carrera por quién es más rápido en condenar [...]; sabemos que ha ocurrido una tragedia pero no es momento de adentrarnos en causantes y responsabilidades», alegó.