El Gobierno español llama a la calma y pide a la ONU que intervenga

La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, pidió ayer al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga en la crisis provocada por el violento desalojo del campamento saharaui de Gdaim Izik, mientras se suceden las llamadas a la calma y al diálogo.

Ante las confusas informaciones procedentes del Sáhara, el PSOE y PP optaron por la prudencia en sus primeras declaraciones. Varios partidos de la oposición instaron al Gobierno a dar explicaciones, e Izquierda Unida se sumó a una concentración de unas doscientas personas ante la Embajada marroquí en Madrid para denunciar «la masacre» en El Aaiún y acusar a España de ser cómplice.

Desde Bolivia, donde se encuentra de visita oficial, Trinidad Jiménez hizo un llamamiento a la contención y a la calma tanto a Rabat como al Frente Polisario, y los invitó a reanudar el diálogo en la ONU para buscar soluciones. Además, aseguró que los tres activistas que estaban acampados en Gdaim Izik están bien. En opinión de la ministra, se trata de un asunto de «trascendencia internacional», que el Gobierno no puede abordar de forma bilateral con Rabat, por lo que debería convocarse el Consejo de Seguridad de la ONU.

Petición de comparecencia

Frente a su posición, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV, Nafarroa Bai y el BNG solicitaron la comparecencia en el Congreso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que explique la posición del Ejecutivo ante lo sucedido en el campamento e informe sobre las agresiones a periodistas en el país vecino. El eurodiputado de IU Willy Meyer, a quien la policía marroquí impidió el domingo entrar en El Aaiún, recriminó a la ministra que mire hacia otro lado «ante la violencia de Marruecos» y le pidió que ponga cara seria para decirle a Rabat que «hasta aquí hemos llegado».

Por su parte, el PSOE mostró su preocupación por lo sucedido y pidió a Marruecos que actúe «con la máxima contención». El PP optó por un llamamiento al diálogo, y su secretaria general, Dolores de Cospedal, solicitó al Ejecutivo que auspicie las negociaciones entre Rabat y el Polisario «para que se pueda mantener la postura de España con relación al Sáhara y la posibilidad de un referendo».

Con más contundencia habló el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, quien, desde Londres, condenó «sin ningún tipo de paliativo» el desalojo violento del campamento y acusó a Europa de mirar para otro lado.

La responsable de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, reconoció ayer que existen diferentes puntos de vista entre los Veintisiete sobre cómo resolver el conflicto del Sáhara Occidental, que según ella es una cuestión muy difícil.

Mientras se sucedían las reacciones políticas, la aerolínea de bandera marroquí Royal Air Maroc impidió ayer a doce periodistas volar desde Casablanca a El Aaiún para cubrir los disturbios. Nueve de los afectados son corresponsales de medios españoles acreditados en Rabat.