Chávez amenaza con la cárcel a los familiares de Brito

La Fiscalía venezolana investiga si el agricultor fue inducido al suicidio


caracas/la voz.

Acusado tanto en el interior como en el exterior del país de permitir, con su indiferencia, la muerte de Franklin Brito, el Gobierno venezolano contraatacó tras el fallecimiento del agricultor afirmando que este nunca tuvo motivos para querellarse con el Estado, que le reconoció plenamente sus derechos de propiedad, pero, sobre todo, acusando a su familia de incitarlo al suicidio, algo que en el Código Penal venezolano se paga con la cárcel.

Brito falleció el lunes por un paro respiratorio y un shock séptico ocasionados por ocho huelgas de hambre a lo largo de seis años; la última, extrema, se inició en septiembre y lo llevó a ser internado contra su voluntad en el Hospital Militar de Caracas, donde falleció. Esto ha llevado a analistas internacionales a comparar (nuevamente) al Gobierno de Chávez con el de Castro, que dejó morir de inanición en febrero al opositor cubano Orlando Zapata. Tanto Rosa Tamayo, madre del activista, como Guillermo Fariñas, otro disidente antillano, expresaron su solidaridad con la familia de Brito.

Chávez, quien con motivo de la campaña para las elecciones en Venezuela aparece hasta cuatro veces al día en actos públicos, no ha emitido declaraciones sobre la muerte del agricultor. Sí lo ha hecho el vicepresidente Elías Jaua, quien además llevó directamente gran parte del forcejeo entre Brito y el Estado venezolano como presidente del Instituto Nacional de Tierras, responsable de las expropiaciones de terrenos.

Jaua señaló que Brito «no fue sometido nunca a expropiación» y que «estábamos imposibilitados a resolver una demanda que no era real». Según él, el Gobierno venezolano intentó llegar a formas de conciliación al menos en tres ocasiones. Pero Brito siempre exigió la propiedad plena sobre su finca, que era la que tenía antes de la supuesta afectación por parte del Estado y su entrega a campesinos sin tierra.

A su vez, la fiscala general de la República, Luisa Ortega, reveló que está analizando si alguien del entorno familiar de Brito lo inducía a mantener su huelga, lo que constituiría un delito sancionado con entre siete y diez años de prisión. Algo «inaudito», según Alberto Arteaga, abogado penalista y activista opositor.

Ángela, la hija del agricultor fallecido, y quien fue su portavoz los últimos meses de su vida, no ha emitido nuevas declaraciones tras la muerte de Franklin, quien protestaba por la confiscación de 14 hectáreas de tierras ganaderas en el estado de Bolívar: Más allá de decir que «mi papá me pidió que perdonara a Chávez» y agregar que «el Gobierno lo dejó morir», poco antes de que el cuerpo del fallecido emprendiera un largo viaje entre Caracas y su pueblo natal, Río Caribe, donde fue inhumado el viernes, con varias paradas previas en ciudades importantes donde activistas de la oposición le rindieron honores.

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