El lucrativo negocio de blanquear la imágen de dictaduras

El periódico The Guardian destapa como empresas británicas ingresan millones asesorando a regímenes violadores de derechos humanos.


Empresas británicas de relaciones públicas se lucran blanqueando la imagen de dictaduras y regímenes violadores de los derechos humanos de todo el mundo.

Según una investigación del diario The Guardian, ese tipo de empresas ganan millones de libras al año dorando la imagen de regímenes como los de Arabia Saudí, Ruanda, Kazajistán y Sri Lanka.

Las empresas de RP cobran hasta 2 millones de libras (2,4 millones de euros) por asesorar en materia de comunicaciones a gobiernos criticados por organismos internacionales como las propias Naciones Unidas por sus atropellos de derechos humanos.

La Asociación de Consultores de Relaciones Públicas hablan de un mercado de 7.000 millones de libras al año (8.600 millones de euros) sólo en el Reino Unido.

El presidente de Sudán, Omar Bashir, reclamado por la Corte Penal Internacional por sospecha de crímenes contra la humanidad relacionados con el genocidio de Darfur, ha contactado a través de sus representantes a dos empresas radicadas en Londres en un intento de mejorar su imagen.

»Los Gobiernos autocráticos se han percatado de la necesidad de ser más sofisticados en su forma de actuar. Hay una demanda creciente (de ese tipo de servicios) en los países del antiguo bloque comunista y China«, afirma Francis Ingham, consejero delegado de la citada asociación.

Una de las empresas punteras del sector, Chime Plc, que dirige lord Bell, que fue asesor de la ex primera ministro británica Margaret Thatcher, obtuvo el año pasado casi la mitad de sus ingresos, que fueron de 67 millones de libras (80,4 millones de euros).

Portland PR, que dirige Tim Allen, que trabajó como jefe de prensa adjunto del ex primer ministro británico Tony Blair, y la firma Hill&Knowlton, compitieron recientemente con otras empresas del sector por un contrato valorado supuestamente en 1,2 millones de euros al año para asesorar al gobierno de Kazajistán, informa el periódico.

Según The Guardian, algunos contratos firmados por esas empresas de relaciones públicas pueden violar el código de conducta voluntario de la propia industria, elaborada por la asociación, y que requiere de las firmas del sector que adviertan a sus clientes de la ilegalidad de eventuales prácticas y que se nieguen a representarlos en caso de violaciones de los derechos humanos.

El régimen de Kazajistán, país rico en petróleo, fue acusado este año por Amnistía Internacional de incumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El contrato para asesorar a Kazajistán lo ganó finalmente la empresa BGR Gabara, que no es miembro de la Asociación de Consultores de Relaciones Públicas.

Un número cada vez mayor de empresas de relaciones públicas están pasando de representar a compañías a hacer lo mismo con países con independencia de cuál sea su historial en materia de relaciones públicas», se queja el diputado Paul Farrelly, miembro del comité selecto de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes.

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