Londres permitió a su servicio secreto torturar a ciudadanos ingleses tras el 11-S

La información se ha hecho pública como consecuencia de una investigación judicial


londres/la voz.

Una documentación secreta, que se ha hecho pública como parte de una investigación judicial, demuestra que tras el atentado del 11-S a las Torres Gemelas de Nueva York las agencias británicas de inteligencia MI5 y MI6 secuestraron y torturaron a ciudadanos británicos con el consentimiento de los Gobiernos del ex primer ministro Tony Blair. Los comprometedores documentos han sido publicados gracias a una demanda civil presentada por seis ex presos británicos de Guantánamo contra el MI5 y el MI6, el Ministerio del Interior, el de Asuntos Exteriores y la Fiscalía General, servicios a los que los demandantes acusan de complicidad en sus detenciones ilegales y posteriores torturas.

El informe judicial está compuesto por más de 500.000 documentos, a los que en parte (900) ha tenido acceso el rotativo británico The Guardian , entre los que sobresalen, por su clara acusación al papel activo del Gobierno británico en los casos de tortura, una serie de informes sobre interrogatorios llevados a cabo por agentes del MI5 en los que se muestra el desprecio de los agentes por el sufrimiento de sus conciudadanos británicos mientras estaban siendo interrogados en una base aérea norteamericana de Afganistán.

Otros documentos demuestran que el Ministerio de Exteriores decidió en enero del 2002 que el traslado de ciudadanos británicos desde Afganistán hasta Guantánamo era «la opción preferida». En una ocasión, el ministro de Exteriores con Blair, Jack Straw, indicó que con anterioridad al traslado de ciertos detenidos debían de finalizarse los interrogatorios a cargo de agentes del MI5.

Según otra documentación estudiada por The Guardian , desde Downing Street se impidió que el Foreign Office ofreciera apoyo consular a un detenido en Zambia para evitar su regreso al Reino Unido, con el resultado de que acabó también en Guantánamo.

Esta información es otra demostración de la doble moral con la que se regían los anteriores Gobiernos laboristas. En mayo de este año, cuando un tribunal de apelación rechazó el intento del Ejecutivo por suprimir evidencias alegando la seguridad nacional, se intentó alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales con los demandantes para evitar que se llegara a la situación actual. Pero incluso el actual Gabinete conservador-liberaldemócrata de David Cameron ha tratado de detener temporalmente el proceso en un intento por evitar que se levantara el estatus de secreto de esta información.

Cameron advertía que la mayor parte del expediente que conforma el grueso de los 500.000 documentos será de acceso muy limitado. «Seamos francos», dijo Cameron hace unos días, «no es posible tener una completa investigación pública cuando se trata de material secreto, por lo que cualquier información de inteligencia ofrecida a los equipos de investigación no será hecha pública y no se pedirá a los agentes de inteligencia que declaren en público», agregó el premier.

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