Miles de uruguayos reclaman «verdad y justicia» por crímenes de la dictadura

Redacción digital

INTERNACIONAL

Consideran que es un paso imprescindible para la «reconciliación».

21 may 2010 . Actualizado a las 09:50 h.

Más de 10.000 uruguayos marcharon hoy en silencio por el centro de Montevideo para reclamar «verdad y justicia» para los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) como paso imprescindible para la «reconciliación».

Ciudadanos de toda edad y condición, entre ellos el presidente José Mujica, participaron en esta 15 Marcha del Silencio, con la que cada 20 de mayo desde 1995 se recuerda a los detenidos desaparecidos y a las personas asesinadas a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el gobierno militar.

La marcha recorrió la principal arteria de la capital presidida por el lema «Sin la verdad ni la justicia no hay reconciliación».

En medio de un silencio solo roto por la lectura de los nombres de las víctimas de la represión, cuyas fotografías acompañaron la marcha, los manifestantes también pidieron el fin de la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.

Esta ley, aprobada tras el regreso de la democracia al país en 1985, fue sometida a referéndum en Uruguay el año pasado pero pese a la intensa campaña dirigida por el sindicato PIT-CNT y las asociaciones de víctimas, la propuesta de anularla no recibió los votos suficientes.

Aún así, tanto desde el oficialista Frente Amplio como desde las organizaciones sociales se sigue exigiendo su abrogación, al ser una norma que impide hacer justicia «sobre unos crímenes imprescriptibles», según explicó a Efe el diputado Luis Puig.

Marta Passelle, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que convocó la manifestación, señaló a Efe que el objetivo de esta edición es el mismo que hace 15 años: «reclamar la verdad» a aquellos que la siguen ocultando.

«Estamos en la búsqueda de la verdad, y sólo puede haber reconciliación hasta que ésta se conozca. Ya lo dijimos en otras marchas y lo seguimos diciendo ahora: la verdad sigue secuestrada mientras no se conozcan los hechos y mientras nuestros familiares sigan desaparecidos», afirmó Passelle.

La dirigente de la organización apuntó que son los militares «los que saben lo que ocurrió», y que si no lo cuentan es por una decisión de sus dirigentes.

«Ellos sabrán lo que hacen, pero está claro que tendrán que cambiar esa postura si quieren que la sociedad uruguaya los acepte de una vez por todas», señaló.

La marcha de este año fue precedida anoche por un mensaje de la Asociación de Familiares de Desaparecidos que fue transmitida en cadena de televisión nacional, un hecho sin precedentes en la historia del país, y en el que pidieron a los ciudadanos que acudieran a la manifestación para seguir luchando por «encontrar la verdad que perversamente» aún se oculta a manos de las Fuerzas Armadas.

Ese mensaje había despertado gran interés en Uruguay, tanto por ser el primero que se realizaba por televisión como por la polémica desatada entre la organización y el presidente Mujica por las intenciones del mandatario de acercar posturas con los militares en aras de la reconciliación nacional.

La polémica sin embargo no tuvo lugar en la marcha, a la que Mujica, que hoy cumplió 75 años, acudió acompañado de su esposa, la senadora Lucía Topolansky y en la que caminó mezclado entre la multitud como un ciudadano más.

La Marcha del Silencio recuerda el asesinato el 20 de mayo de 1976 de los legisladores Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y los militantes de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw.

Los cuatro fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser asesinados, un crimen por el que ya fueron procesados y condenados el ex dictador Juan María Bordaberry y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Blanco.

Cifras oficiales sitúan en 37 las personas desaparecidas en la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos apuntan que son más de 200.