Los uruguayos rechazaron este domingo en plebiscito la anulación de la Ley de Caducidad que dejó impunes los crímenes de Estado cometidos por la dictadura uruguaya y tampoco admitieron la habilitación del voto por correo para sus emigrantes.
Con cerca de la mitad de los votos escrutados, el sí a la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado apenas pasó al 41 por ciento de los sufragios.
La condición indispensable para haber sacado adelante esas dos reformas era obtener el apoyo de más del 50 por ciento de los votos emitidos, pero los uruguayos no escucharon a las organizaciones de derechos humanos que pidieron la anulación de la ley, entre ellas Amnistía Internacional.
Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, admitió este fracaso, que frena los intentos de enjuiciar a los policías y militares que participaron en torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de disidentes políticos en tiempos de la dictadura (1973-1985).
No obstante, Puig señaló que «la lucha por la verdad y la justicia no termina ni se menoscaba» con este resultado desfavorable y dejó en manos de los procesos particulares la posibilidad de que la Justicia actúe.
Al menos, «el tema de la memoria y la justicia ha tenido un gran empuje en los jóvenes uruguayos», dijo Puig, también secretario de Derechos Humanos de la principal central obrera de Uruguay, Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
Esta organización sindical fue la principal impulsora de la reunión de las 255.000 firmas necesarias para convocar el plebiscito celebrado hoy de manera simultánea a las elecciones nacionales y a la consulta popular sobre la habilitación del voto por correo, reforma también malograda con sólo un 33 por ciento de apoyo.
Igualmente reconoció el fracaso de los dos referéndum el candidato a la Presidencia de Uruguay del gobernante Frente Amplio, José Mujica.
El Frente Amplio ganó los comicios generales celebrados este domingo, pero Mujica tendrá que acudir a una segunda vuelta para dirimir la Presidencia uruguaya con el ex presidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional.
«Los plebiscitos quedaron opacados por las discusiones de carácter político. Yo no era partidario de ponerlos juntos y creo que esa ha sido la causa fundamental» del fracaso, dijo Mujica en rueda de prensa.
Mujica fue uno de los promotores en la dirección del Frente Amplio de la abolición de la Ley de Caducidad.
El mismo fue encarcelado por la dictadura durante 13 años por sus actividades de guerrillero urbano en los años sesenta.
Su segundo y candidato a la vicepresidencia, Danilo Astori, también lamentó el fracaso de la reforma, pero subrayó que «esa es la voluntad del pueblo y con serenidad se debe aceptar».
Las palabras de Mujica y Astori echaron un jarro de agua fría sobre los partidarios de la nulidad de la Ley de Caducidad, que ya festejaban unos primeros datos de los sondeos a pie de urna que apuntaban al triunfo del sí.
La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 al concluir el régimen cívico-militar (1973-1985) y fue refrendada en un primer plebiscito en 1989.
Su nulidad se había convertido en motivo de disputa en la campaña electoral, con acusaciones cruzadas por el uso electoralista de un tema tan delicado.
El Frente Amplio respaldaba la anulación y así lo hizo saber con sus principales líderes, como Mujica, firmando a favor del fin de la normativa.
Las principales fuerzas de la oposición, los Partidos Nacional y Colorado, mantuvieron posturas discordantes en su seno aunque predominaron quienes se opusieron a la nulidad de la ley.
Así, Lacalle, quien fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995, subrayó que la Ley de Caducidad ya «fue sometida a un referéndum y ratificada» por un 57 por ciento de la población.
Recordó que al concluir la dictadura además de la Ley de Caducidad se dio una amnistía para los guerrilleros tupamaros que habían puesto en jaque al gobierno democrático uruguayo de los años sesenta, uno de ellos Mujica.
«Dimos por terminado el episodio» y, «o se vuelve para atrás todo (...) o se dejan las cosas como están», según Lacalle.
Hoy, al conocerse los primeros resultados adversos a la anulación, fue también contundente: «La gente habló (en el plebiscito) y la gente resuelve».
No obstante, las espadas siguen en alto, pues las organizaciones que forman parte de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad ya han dejado claro que tratarán de sacar del amparo de la norma cuantos casos puedan.
Para ello recurrirán a la jurisprudencia sentada el lunes pasado por la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en tres de sus artículos para el caso concreto del asesinato de una joven comunista en tiempos de la dictadura.
Además, la Ley de Caducidad no ampara a las desapariciones y muertes violentas que llevaron a cabo los esbirros de la dictadura uruguaya en otros países, situación que llevó también esta semana a la condena a 25 años del ex dictador Gregorio «Goyo» Alvarez.