Nicaragua se divide por la sentencia que permite a Daniel Ortega optar a la reelección
INTERNACIONAL
La decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la pretensión del presidente Daniel Ortega de optar a la reelección en el 2011, con un cuestionado fallo judicial, generó un nuevo conflicto político en Nicaragua que amenaza con trasladarse a las calles. La sentencia, dictada por seis magistrados sandinistas de la Sala Constitucional, anuló una norma constitucional, aprobada en 1995 y en vigencia desde 1997, que impedía al presidente ser reelegido de manera consecutiva. «Fue un proceso totalmente amañado», afirmó el jurista Carlos Tunermann, ex embajador nicaragüense ante la OEA.
Los sandinistas desestimaron las críticas y argumentaron que así como la comunidad internacional aceptó que se modificaran las normas para permitir que se postularan nuevamente Óscar Arias en Costa Rica (de manera no consecutiva) o Álvaro Uribe en Colombia, también debía aceptarlo en Nicaragua.
Centenares de seguidores del gobernante Frente Sandinista salieron a las calles para celebrar y defender la resolución, después de que sectores civiles y políticos de la oposición la rechazaran y anunciaran que convocarán protestas. Ortega preguntó a sus adversarios en tono desafiante «cuál es el miedo» de que él vuelva a ser candidato. Afirmó que la cuestionada sentencia es inapelable, porque «está escrita en piedra», y en tono irónico llamó a los líderes opositores a que «se tranquilicen y no se ahoguen en un vaso de agua».
La sentencia «constituye una ruptura constitucional coronada por Daniel Ortega y ejecutada por la Sala Constitucional», denunció el diputado opositor Eduardo Montealegre, ex candidato presidencial.
Las voces de protesta fueron alzadas por toda la oposición: el Partido Liberal Constitucionalista (derecha), la Bandada Democrática Nicaragüense (derecha) y el Movimiento de Renovación Sandinista (centroizquierda). Organizaciones sociales críticas con el Gobierno, como Hagamos Democracia, condenaron «de manera firme esta sentencia aberrante y oportunista» que afecta al «proceso democrático».
El ex presidente del máximo tribunal Alejandro Serrano afirmó que este «no tiene potestad para declarar inconstitucional la Constitución» en virtud de un recurso judicial.