Procesan en Chile a 131 represores de la dictadura de Augusto Pinochet

Más de la mitad de los imputados por violaciones de derechos humanos no habían comparecido ante la Justicia


La Justicia chilena comenzó a hacer efectiva ayer la detención de 131 militares y policías -la mayoría de ellos ya retirados- acusados de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90). La orden judicial es considerada ya como el más vasto procesamiento en la historia de los juicios contra represores del régimen que dejó como saldo unos 3.000 desaparecidos.

El juez Víctor Montiglio los encausó a todos como coautores de secuestro, tortura y homicidio de opositores en tres casos de represión (el Plan Cóndor, la operación Colombo y el caso Calle Conferencia) en las que intervino la DINA, la temida Dirección Nacional de Inteligencia creada por Manuel Contreras a instancias de Pinochet. Entre los procesados se encuentran policías, gendarmes, marinos y militares retirados de la fuerza aérea. Más de la mitad de los imputados nunca habían comparecido ante la Justicia.

Según el abogado Boris Paredes, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que es parte querellante en los juicios, la investigación ha alcanzado a quienes conocieron los casos y jamás los denunciaron. Son agentes que cumplían labores de custodia y traslado de prisioneros políticos, dijo Paredes, en cuya opinión el juez Montiglio ha avanzado sustancialmente en establecer las responsabilidades criminales de los casos.

El Plan Cóndor, que coordinó a las dictaduras de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, para el exterminio de opositores, dejó cientos de muertos, en casos aún investigados en los seis países.

La operación Colombo , en tanto, significó en Chile la ejecución de 119 opositores, mientras que el caso calle Conferencia , en 1976, significó la muerte de trece miembros de la cúpula clandestina del Partido Comunista, todos arrestados por la DINA, según consta en la investigación judicial.

Conflicto institucional

La resolución del juez Montiglio surge cuando el Gobierno de Michelle Bachelet, quien no comentó el fallo judicial, está siendo criticado por defender la contratación de quince ex miembros de la DINA por parte del Ejército.

El conflicto tiene además otras aristas institucionales, ya que a Bachelet le corresponde determinar el nuevo alto mando del Ejército, eligiendo al nuevo comandante en jefe de entre los cinco mandos más antiguos. Dos de ellos, están relacionados con la dictadura de Augusto Pinochet, y además uno fue inculpado en el asesinato de 26 prisioneros.

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