A Hugo Chávez no le basta con la crisis diplomática que mantiene con Colombia ni con las acusaciones de antiguos partidarios políticos ante la OEA de faltar a la Constitución. Venezuela vive estos días una tensa situación mediática por la discusión en la Asamblea Nacional de una ley que regulará la actividad de los medios de comunicación, con penas que incluyen hasta cuatro años de cárcel.
El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, anunció el cierre de 34 emisoras de radio (podrían ser doscientas) por considerar que han faltado a los requisitos legales para operar.
Cabello explicó que las causas para retirar la frecuencia son el fallecimiento del titular de la concesión, renuncia, vencimiento de la licencia sin que haya habido proceso para su renovación o porque se ha declarado improcedente una solicitud de cambio de titularidad. Las radios que deberán cerrar se encuentran en Caracas y diversas ciudades del interior.
La oposición denunció que tras el argumento legal esgrimido por Cabello se encuentra el deseo del Gobierno de «acallar las voces disidentes y las críticas al presidente».
Las más conocidas son las emisoras Cadena Nacional Belfort (CNB), de Caracas y de Valencia, que forman parte de un circuito nacional con programación informativa y espacios de opinión críticos con el mandatario. CNB retransmitía el programa Aló Ciudadano , que emite el canal de televisión Globovisión, muy criticado por el Gobierno, el cual abrió varias causas legales contra sus conductores.
Ley contra delitos mediáticos
La ministra de Información de Venezuela, Blanca Eekhout, defendió este viernes una propuesta de ley sobre «delitos mediáticos», al asegurar que es «absolutamente vital» regular el «enorme poder» de los medios de comunicación.
Para Eekhout, la ley propuesta por la fiscal general Luisa Ortega y que contempla penas de prisión hasta de cuatro años busca «regular ese enorme poder que son los medios de comunicación, que además son una de las fuentes más importantes de acumulación de capital».
Según el borrador de la ley, una persona que divulgue una información considerada «falsa», «manipulada» o «tergiversada», que cause «perjuicio a los intereses del Estado» o atente contra la «moral pública» o la «salud mental», habrá incurrido en un «delito mediático» y podrá ser castigada con prisión.
Eekhout sostuvo que no se trata de censura, en contra de lo defendido por diversas organizaciones internacionales, que definen el borrador como el ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder. José María Vivanco, director de la organización Human Rights Watch para las Américas, califica tal proyecto de ley de «receta para la censura» y de ser «absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión».
Ley a favor de las mayorías
Además, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una nueva ley electoral que favorece a los partidos mayoritarios y que se aplicará por primera vez en el 2010. La norma amplía al 70% el número de diputados que serán por voto directo y deja el 30% al mecanismo de listas cerradas. La oposición considera que el sistema para asignar puestos en el Parlamento va en detrimento de la representación de las minorías.