El fiscal general de EE.?UU. dio ayer orden de proteger las clínicas que proporcionan servicios de interrupción del embarazo tras el asesinato a tiros de George Tiller, un médico de Kansas que venía practicando abortos desde los años setenta, cuando se disponía a entrar en una iglesia luterana de Wichita. Especialmente, los centros de asistencia situados en los estados del Medio Oeste, donde se registra un amplio sentimiento antiabortista, son objeto de una mayor protección federal. La familia de Tiller, el cuarto facultativo asesinado en EE.?UU. desde 1993 por practicar abortos, declaró que el doctor «había dedicado su vida a dar a las mujeres la mejor atención sanitaria posible, a pesar de las continuas amenazas y actos de violencia» que lo acosaron toda su vida profesional.
La detención de Scott Roeder, un conocido militante antiabortista como el presunto asesino de Tiller, ha vuelto a poner sobre la mesa las profundas diferencias en sectores de la sociedad estadounidense en torno al aborto y cómo ha aumentado la presión que sufren los centros que ofrecen servicios de interrupción del embarazo. Conocido por sus proclamas antigubernamentales, Roeder se había tejido cierta imagen pública merced a sus artículos muy críticos, donde cuestionaba las leyes que permiten el aborto y a los profesionales que lo practican.
George Tiller, de 68 años, y su clínica han padecido continuos ataques y protestas durante decenios por parte de grupos antiabortistas. En 1993 fue herido en ambos brazos por Rachelle Shannon, una mujer que cumple una pena de 20 años de cárcel por ese delito. Hace tan solo un par de semanas, su clínica sufrió destrozos. Su asesinato tuvo trascendencia nacional e incluso mereció la condena del presidente norteamericano, Barack Obama.