El asunto de la inmigración no figuraba muy arriba en los planes electorales de Obama; por dos razones: en primer lugar, porque entonces se pensaba que en los comicios sería clave de nuevo Florida y los trabajadores de los estados industriales, los más opuestos a la regularización de inmigrantes. De hecho, y esta era la segunda razón, la reforma impulsada por Bush en este sentido había quedado tocada en su paso por las cámaras legislativas para acabar hundiéndose. Es importante recordar que no era una reforma restrictiva sino inclusiva, pactada con los demócratas y apoyada por el entonces senador Obama.
Pero las cosas resultaron de otro modo. Los latinos votaron más que nunca, dos tercios de ellos por Obama, y su voto fue crucial. Por otra parte, los parches del 2006 y 2007 hacen agua y el «rumor de la frontera», como lo llamó el escritor gallego Alfonso Armada en su libro sobre este universo, ya es un estruendo. El coste de la política antiinmigración crece a razón de mil millones de dólares por día y la privatización de la vigilancia fronteriza amenaza con crear un sistema penitenciario paralelo en estados como Tejas y Nuevo México. El momento para la reforma no podría es el más propicio, con la crisis espoleando el «patriotismo laboral» de muchos norteamericanos y con la epidemia de gripe para acabar de arreglarlo. Pero será peor en la segunda parte del año, por lo que el presidente está ya lanzando calculados globos sonda como los de estos días.
Prejuicios
Paradójicamente, la inmigración es un asunto más emotivo que la economía, precisamente porque la gente no sabe en realidad cómo le afecta, por lo que recurre a sus prejuicios. Obama no lo tendrá aquí tan fácil, pero su estrategia parece la más lógica: de momento, administrar las medidas policiales con prudencia para no perder a los activistas proinmigración que ha colocado en puestos clave (Olavarría, Solís, Cecilia Muñoz) y comenzar por la mucho más popular represión de la contratación ilegal, que puede presentarse además como una medida recaudatoria (lo es). Simplemente mejorando el sistema informático que identifica el estatus de los trabajadores (el E-Verify, que ahora tiene el margen de error de una adivinanza), y haciéndolo obligatorio, puede empezar a hablar de los beneficios económicos de la regularización. Al final llegará la amnistía y la regularización masiva. Entre once y catorce millones de personas, algunas en el país desde hace décadas, son muchas; demasiadas para tenerlas fuera de la ley.