Cuando hoy George W. Bush salga por la puerta de la Casa Blanca, su legado dejará a los estadounidenses estancados en una de sus peores crisis económicas, con dos guerras en curso y con la imagen de EE.?UU. por los suelos. El día de ayer lo pasó despidiéndose telefónicamente de más de una decena de líderes mundiales, entre ellos Lula da Silva, Brown, Sarkozy y Putin. Hoy, tras el juramento, partirá rumbo a Tejas. Pero el ala izquierda del Partido Demócrata pretende fastidiarle la jubilación en su rancho tejano. El presidente de la Cámara de Representantes, John Conyers, quiere que se establezca un comité de investigación independiente que ayude a determinar hasta qué punto la Administración Bush rompió con la legalidad en su empeño por terminar con el terrorismo mundial.
La propuesta, que ya ha sido apoyada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi -que en declaraciones a la prensa aseguró que «lo más importante es que toda la verdad salga a la luz»- se centra sobre todo en las llamadas técnicas de interrogación extrema a terroristas, que incluyó la asfixia o ahogamiento simulado. Hace unos días, una alto cargo de la Administración Bush encargada de supervisar los juicios militares de Guantánamo, Susan Crawford, definió esas prácticas como tortura.
Aunque que Obama se ha mostrado poco propicio a llevar a los tribunales a su predecesor -de quien llegó a decir en una entrevista que «es sin duda un buen hombre»-, lo cierto es que en las filas de su partido no todos parecen dispuestos a perdonar a un político que, además de Guantánamo, podría ser juzgado por delitos como lanzar «una guerra ilegal», «manipular los servicios de inteligencia» y hasta «el sistema de escuchas ilegales», según reza el borrador de la propuesta, de más de 400 páginas.
Entre los nombres que suenan también para acompañar a Bush en este nuevo vía crucis se encuentran los de su vicepresidente Dick Cheney y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, así como el del antiguo fiscal general Alberto Gonzales.