El apresamiento del ex dictador chileno marcó un hito en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos.
15 oct 2008 . Actualizado a las 23:04 h.La detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, hace diez años en Londres, marcó un hito en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y posibilitó su procesamiento por la Justicia de Chile.
«Su detención demostró que las personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad peligraban en cualquier parte del mundo gracias al principio de jurisdicción universal», declaró a Efe el hoy jubilado juez Juan Guzmán, el primero que le procesó en Chile.
Pinochet, que se convirtió en el primer ex presidente detenido bajo ese principio, murió finalmente sin ser condenado el 10 de diciembre de 2006 a los 91 años, justo ocho años después de su procesamiento por parte del juez español Baltasar Garzón.
El 16 de octubre de 1998, mientras estaba internado en una clínica de Londres donde había sido sometido a una operación, Pinochet fue arrestado a raíz de una petición de extradición cursada por Garzón, que lo acusó de terrorismo, genocidio y torturas.
Más de 3.200 personas murieron, de las que 1.192 desaparecieron tras ser detenidas y más de 28.000 fueron torturadas durante el régimen de Pinochet, que el 11 de septiembre de 1973 encabezó el golpe militar que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende.
El dictador se mantuvo como comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y asumió al día siguiente el cargo de senador vitalicio que le otorgaba la inmunidad procesal para evitar ser juzgado por esos crímenes en su país.
«Pinochet volvió a Chile por la acción de un Gobierno democrático (el británico), que argumentó que sería juzgado en su país», dijo a Efe Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional en Chile, quien apuntó que tras su retorno se le privó de la inmunidad que le protegía.
Laurenti lamentó, no obstante, que Pinochet nunca fuera condenado en Chile y denunció que la Ley de Amnistía, aún vigente, permite absolver a miembros de las Fuerzas Armadas encausados en procesos de delitos de lesa humanidad.
«Un avance importante»
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Marta Godoy, la Justicia ha favorecido en los últimos años a los cómplices del régimen al condenarlos a penas bajas o a arrestos domiciliarios, aunque reconoce que la detención de Pinochet «fue un avance importante».
Este aniversario coincide con la conmemoración, este año, del centenario del natalicio de Salvador Allende (1908-1973), el 35 aniversario del golpe de Estado y los veinte años del triunfo de la oposición con el No en el plebiscito de 1988, primera piedra en la demolición de la dictadura.
El abogado chileno Roberto Garretón, miembro del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, explica que el arresto del ex dictador tuvo dos consecuencias en Chile: «el efecto Garzón y el efecto Pinochet».
Por el primero, los jueces se dieron cuenta de que podían hacer Justicia en su país y los militares fueron capaces de censurar los crímenes cometidos, en tanto que el «efecto Pinochet» enseñó a otros dictadores de la región que no podían moverse de su país.
La detención de Pinochet también agitó las conciencias en la vecina Argentina, donde la derogación en 2005 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final abrió el camino para procesar a militares por la muerte y desaparición de miles de personas durante la dictadura (1976-1983).
No obstante, la figura de Pinochet cuenta aún en Chile con gente que respalda su gestión, como el general retirado Guillermo Garín, quien fue vicecomandante en jefe del Ejército y actuó después como portavoz de la familia del ex dictador durante los 17 meses que éste permaneció detenido en Londres.
Diez años después, Garín declaró a Efe que aquella detención se cometió «en circunstancias inhumanas», representó «un gran atropello a la soberanía chilena» y supuso una «gran injusticia» para un hombre que había recibido el 44% de los votos en el plebiscito de 1988.
Así, los partidarios de Pinochet y los familiares de detenidos desaparecidos representan aún los dos polos de una sociedad capaz de acabar con la dictadura a través de las urnas y afrontar una transición «con Franco vivo», como subrayó a Efe el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006).