Ayer fue un día de muchos nervios en la residencia presidencial de Olivos, cercana al centro de Buenos Aires. Las noticias llegadas desde Miami sobre el juicio contra un agente venezolano al que se vincula con una maleta con 800.000 dólares que otro venezolano, Antonini Wilson, intentó introducir en Argentina; la situación en Bolivia, con Evo Morales en apuros y al borde de una guerra civil; Hugo Chávez enardecido asegurando que si derrocan a su amigo boliviano respaldará la lucha armada, y ambos expulsando a los embajadores norteamericanos, pusieron a Cristina Fernández y al ex presidente Néstor Kirchner en estado de alerta, además de furiosos.
En especial cuando llegó la información de que el fiscal Thomas Mulvihill presentó en un tribunal de Florida evidencias de que los dólares que llegaron desde Venezuela el 4 de agosto del 2007 eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Precisamente, el destino de ese dinero es el verdadero motivo de este conflicto que ya tiene complicaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos.
Cristina Fernández suspendió una escala en Venezuela en su viaje a Nueva York previsto para la próxima semana y acusó de hacer «operaciones políticas» al FBI, al Gobierno y a la justicia de EE.?UU. Fueron las grabaciones del FBI aportadas como pruebas las que demostrarían que Kirchner y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, urdieron un pacto para ocultar el origen y el destino del dinero.
La presidenta ordenó a la Cancillería emitir un duro comunicado asegurando que «las relaciones entre los Estados no pueden sino ser afectadas a instancias de operaciones con finalidades políticas de este tipo».
El otro frente llegaba desde Bolivia. La situación por la que atraviesa Evo Morales preocupó a Cristina Fernández, quien charló con sus pares Lula da Silva (Brasil) y Michelle Bachelet (Chile) para buscar, además de apoyo político al líder boliviano, soluciones al conflicto.
El canciller argentino, Jorge Taina, recibió la orden de comunicarse con el principal asesor de Lula da Silva en política exterior, Marco Aurelio García, y planear viajar ayer a La Paz para «ponerse a disposición» de las necesidades del Ejecutivo boliviano. Pero el propio Evo Morales les pidió que posterguen el viaje porque no estaban dadas las condiciones para asegurarles su seguridad.
En otro comunicado, el Gobierno argentino llamó a los gobernadores bolivianos «a frenar los actos de violencia en sus respectivos departamentos» y convocó a los principales dirigentes políticos y sociales de ese país a que «eviten un agravamiento de la situación y retomen el diálogo, único camino posible para evitar mayores desencuentros entre los bolivianos de todas las regiones y de todos los sectores».
Otro problema se presenta para Argentina y Brasil por la crisis boliviana, y es que los principales gasoductos que conducen el fluido a estos países fueron cortados por los insurgentes.