El Gobierno argentino lleva al Congreso la crisis del campo y reúne a sus seguidores para contrarrestar las protestas

Agustín Bottinelli

INTERNACIONAL

19 jun 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

Hoy, los argentinos pueden hablar de un antes y un después del Gobierno de Cristina Fernández tras la multitudinaria cacerolada del lunes (madrugada del martes en España), que parece haber asustado al matrimonio gobernante, a punto de modificar drásticamente su política frente al conflicto con los productores agrarios, que ya cumple cien días.

Con voz altisonante y ante una plaza colmada por miles de partidarios, Cristina Fernández, emulando el estilo de los discursos de Eva Perón, convocó ayer a los argentinos a construir un país para todos e insistió en que su objetivo es la distribución de la riqueza. La presidenta volvió a utilizar la radio y la televisión nacional, aunque se trataba de un acto del partido.

El ex presidente Néstor Kirchner fue quien le organizó a su esposa un encuentro masivo de seguidores en la mítica plaza de Mayo como respuesta a la manifestación espontánea en su contra. Con él se intentó paliar la tremenda caída de los índices de popularidad de Cristina Fernández, hasta el 19,7% cuando hace apenas cuatro meses rondaba los 42 puntos.

La campaña de convocatoria invitando al acto incluyó publicidad contra los dirigentes agrarios en medios de comunicación, a un costo de aproximadamente de 195.000 euros al día. El Gobierno además pagó el desplazamiento de su seguidores, que recibieron entre 30 y 20 euros cada uno, además de un bocadillo y el pago del bus que los trasladó hasta Buenos Aires. Desde el llamado conurbano bonaerense (alrededores de Buenos Aires) se desplazaron no menos de 150.000 personas.

Previamente, Cristina Fernández apeló desde la Casa Rosada a un recurso olvidado durante el conflicto con el campo y reclamado por los productores: el Congreso de la nación. La presidenta envió al Parlamento un proyecto de ley con la ratificación del resistido decreto del 11 de marzo por el cual se impuso el esquema de retenciones móviles que produjo la crisis con el campo.

Cambio de rumbo

El cambio de rumbo en su política frente al conflicto fue suficiente para descomprimir las protestas callejeras, pero apenas despertó una tibia expectativa en las entidades agrarias. Los dirigentes consideraron «positivo» el inicio de un debate legislativo, pero ratificaron el paro hasta la medianoche de ayer. Sugirieron que podrían estar ante «una trampa» dado que el proyecto solo admite la ratificación o el rechazo y no permite reformas.

El proyecto de ley repite el contenido de la resolución que impuso los impuestos móviles a las importaciones de soja. «Si no hay debate, las protestas van a reavivarse», advirtió una fuente del sector agrario.