Detienen a la ex primera ministra Jaleda Zia acusada de corrupción

EFE

INTERNACIONAL

Zia ha estado en el poder hasta el pasado octubre.

03 sep 2007 . Actualizado a las 15:34 h.

La ex primera ministra de Bangladesh Jaleda Zia, que estuvo en el poder hasta el pasado octubre, fue hoy detenida por corrupción en medio de la campaña de limpieza política emprendida por el Gobierno provisional del país asiático, en estado de excepción desde hace siete meses.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron a primera hora de hoy en la vivienda de Zia, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), y la llevaron bajo arresto ante un tribunal de Dacca, la capital, que ordenó su encarcelamiento por corrupción durante su último mandato, entre 2001 y 2006.

La ex jefa de Gobierno, de 62 años, fue inmediatamente trasladada a una celda situada en el complejo del Parlamento, en el que también se encuentra detenida desde julio su gran rival política, la ex primera ministra Sheij Hasina, de 59 años y dirigente de la Liga Awami, el partido más antiguo de Bangladesh.

Igual que Zia, Hasina está acusada de corrupción, algo que no sorprende a los analistas de un país que, según la organización Transparencia Internacional, ha estado en los últimos años entre los más corruptos del mundo.

Según la Comisión Anti-Corrupción, que abandera la campaña de limpieza política del Gobierno interino, hay razones para pensar que Jaleda Zia estuvo implicada en un caso de irregularidades relacionado con la concesión de los derechos de gestión de contenedores en el puerto de Chittagong (sur) y en Dacca.

«Me han arrestado bajo un caso falso», aseguró la ex primera ministra a los magistrados, según declaró su abogado Sanaullah a los periodistas.

Junto con Zia fue detenido también por corrupción su hijo menor, Arafat Rahman Koko, pero tras comparecer ante el tribunal los magistrados determinaron que su caso será revisado dentro de una semana.

Se trata de la primera ocasión en la que se presentan oficialmente cargos de corrupción contra Zia, la primera mujer que llegó a la jefatura del Gobierno en Bangladesh, en 1991, cuando su partido venció por primera vez en las elecciones.

En esa ocasión estuvo al frente del Ejecutivo hasta 1996, año en que, pese a haber ganado las elecciones -boicoteadas por la oposición-, tuvo que dimitir en medio de una ola de protestas, y tomó el relevo la Liga Awami, de su competidora Sheij Hasina.

En las elecciones de 2001 ganó de nuevo Jaleda Zia, que volvió al Gobierno durante la legislatura que concluyó en octubre del año pasado y que estuvo salpicada de acusaciones de corrupción, nepotismo e incompetencia.

Tras el final de su mandato, se formó un Gobierno neutral encargado de convocar elecciones, pero los enfrentamientos entre seguidores de Zia y de Hasina llevaron al Ejecutivo interino a declarar el estado de excepción en enero y posponer hasta 2008 los comicios previstos para ese mes.

Con el objetivo declarado de acabar con la corrupción, el Gobierno provisional, dirigido por Fakruddin Ahmed, abrió una campaña de detenciones masivas que desde su inicio, en enero, ha afectado a más de 100.000 personas, entre ellas 150 altos cargos políticos.

Entre los más relevantes, además de Hasina y ahora Zia, está el hijo mayor de la segunda, Tariq Rahman, una de las figuras políticas más poderosas durante el mandato de su madre y acusado de extorsión.

Por su parte, Hasina fue enviada a prisión el pasado julio por un tribunal en un caso de extorsión por unos 315.000 euros (unos 425.000 dólares).

La batalla contra la corrupción emprendida por el Gobierno ha ayudado a reconciliar a las dos ex primeras ministras, que han hecho frente común ante las autoridades provisionales, que están respaldadas por el Ejército.

Así, poco después de la detención de Hasina, Jaleda Zia recordaba que su enemiga histórica era «una líder nacional» y «distinguida ciudadana» que merecía todo el respeto, y denunciaba que la habían puesto en «una situación desgraciada e indecente en los juzgados».

La situación en Bangladesh ha suscitado la preocupación de organismos como la Commonwealth, cuyo secretario general, Don McKinnon, pidió este domingo al Gobierno que levante el estado de excepción y permita de nuevo la celebración de actividades políticas.