Familiares de ejecutados políticos en Chile se encerraron en la Embajada de España
INTERNACIONAL
Ocuparon durante dos horas y media la delegación diplomática de Santiago en protesta por el sobreseimiento del caso Pinochet Tres mujeres y un hombre, familiares de ejecutados políticos chilenos, protagonizaron ayer un encierro de dos horas y media en la Embajada de España en Chile. Entraron con el argumento de que estaban citados con el embajador, Juan Alfonso Ortiz. Después exigieron divulgar sus reivindicaciones en favor del procesamiento de Pinochet y en protesta por el sobreseimiento de su causa. Exigieron el envío de un escrito al resto de embajadas en Santiago, al Gobierno de Chile y a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. En el exterior de la sede diplomática, los antipinochetistas protagonizaron una manifestación.
13 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Tanto el encierro pacífico como la manifestación, en la que se corearon consignas a favor del procesamiento de Pinochet, obligaron a las fuerzas de seguridad de Chile a organizar un dispositivo policial para proteger la embajada española y prevenir incidentes, pero desde un principio se descartó que los policías fueran a intentar desalojarla por la fuerza. La ocupación pacífica de la Embajada de España en Santiago de Chile concluyó después de que Juan Alfonso Ortiz comunicase a los encerrados que había remitido su escrito de reivindicaciones a los Gobiernos español y chileno. «Solicitamos que se envíe por fax nuestra petición de justicia a España y a todos los países que tengan el proceso abierto contra el dictador Augusto Pinochet», había dicho la portavoz de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Marisa Rodríguez. El grupo está dispuesto a permanecer «en forma indefinida» en la embajada hasta que se cumpla la petición, manifestó previamente Erika Labraña, también dirigente de la organización. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Patricia Silva, explicó que con su presencia en la sede española quieren decir a los países donde hay procesos contra Pinochet, y a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «que en Chile no existen condiciones para juzgar a los involucrados en las violaciones a los derechos humanos». La agrupación también denuncia ante la comunidad internacional a las autoridades chilenas porque consideran que han incumplido los compromisos contraídos para que Pinochet fuera entregado a Chile, tras el arresto en Londres.