Celta y Concello tratan de sofocar la indignación asumiendo los costes

X. R. C.

GRADA DE RÍO

XOAN CARLOS GIL

La institución local señala al fabricante de las esferas de la cubierta de Río como el responsable del cierre

22 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Jornada frenética en Balaídos después de conocerse en la noche del viernes el cierre por motivos de seguridad de la grada de Río para el partido de esta tarde entre el Celta y el Atlético de Madrid. Con aficionados indignados, con las taquillas cerradas sin un cartel explicativo para no iniciados, con Carlos Mouriño asistiendo al entrenamiento del primer equipo pero hablando por plasma, y con Abel Caballero, el alcalde, abriendo la zona cero para explicar el origen de la suspensión. El relato se pierde en el terreno de la confusión. No hay culpables. Ni el Concello de Vigo, ni el Celta ni la empresa concesionaria. En todo caso el fabricante de las ya famosas esferas.

El frenesí arroja, en cambio, un punto de luz crematístico. Todos (Concello y club) están dispuestos a indemnizar a los 8.000 afectados (socios y aficionados con entrada) que hoy se quedan sin partido por una decisión tomada en aras de la seguridad. Y mientras tanto, el equipo de Unzué ultimando un encuentro que ha pasado al segundo plano por completo.

El día comenzó conociendo que el Celta pidió la suspensión del partido para no perjudicar a su masa social o en su defecto el cambio de orden de encuentros con el Atlético de Madrid. Ninguna de las dos opciones fue posible. La segunda, porque los colchoneros indican que también es época de obras en el recién estrenado Wanda Metropolitano. Eso significa que la grada más grande y de mayor afluencia no abrirá para el que puede ser el cuarto partido en importancia de la temporada en Balaídos (teniendo en cuenta el tirón de los dos grandes y el derbi).

Los aficionados recibieron con indignación la decisión del club de no reubicarlos por falta de espacio. Algunos se plantaron a primera hora ante la taquilla, cerrada pero sin ningún aviso. Allí dejaron una amenaza: o entran o se colocan en las puertas del estadio para que no pase nadie. De entrada, para hoy a las tres y media está prevista una concentración en los aledaños del estadio.

La situación llevó al club a romper su silencio. Primero fue Unzué, forzado por su presencia en conferencia de prensa, quien aludió a la seguridad como madre de todos los preceptos. «No deja de ser una desgracia que va a incomodar a mucha gente pero es mejor tomar alguna decisión si hay cualquier duda sobre la seguridad de cualquier persona. Es mucho mejor, siendo para nosotros algo negativo, que a nadie de nuestra gente, le pase algo», comentó.

A continuación Carlos Mouriño anunció que el Celta asumirá el coste del cierre, prorrateando el dinero que le será devuelto a los abonados (pormenores que se conocerán el martes en una conferencia de prensa) y devolviendo el dinero a aquellos que habían comprado una entrada para la grada de Río. Al mismo aspecto corrector se apuntó el Concello según el anuncio de Abel Caballero.

Para paliar en lo posible la situación el alcalde de Vigo comentó que intentaron colocar una pantalla gigante en Castrelos, pero que fue imposible por los derechos televisivos.

El gran objetivo ahora es detectar las piezas defectuosas y subsanar el problema en las dos próximas semanas para que los acontecimientos no se vuelvan a repetir ante el Athletic de Bilbao, aspecto que Caballero no pudo comprometer, aunque por contra sigue pensando que la reforma de la grada de Río estará finalizada el 31 de diciembre.

El PP pide un replanteamiento

Por su parte el Partido Popular de Vigo emitió un comunicado en el que acusaba a Abel Caballero de no «reconocer sus errores» y no pedir «disculpas» al tiempo que reclamaba un «replanteamiento de todo el proyecto», poniendo sobre la mesa la opción de que el Celta «asuma todas las obras pendientes con cargo a la concesión administrativa que se realice sobre el estadio». El PP habla de continuos errores desde el inicio de las obras de Balaídos dos años y medio atrás, así como un sobrecoste de cuatro millones de euros.