El presidente de la Generalitat muestra su «profunda decepción» con Junts por rechazar los decretos y defiende la aplicación de la ley de vivienda
02 oct 2026 . Actualizado a las 15:12 h.Los presidentes de las tres nacionalidades históricas compartieron mesa esta mañana en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra en la isla de A Toxa en medio de conversaciones y corrillos sobre un adelanto de las elecciones generales. Los líderes autonómicos de Galicia, Cataluña y País Vasco estaban citados para hablar sobre competitividad y cohesión territorial, pero con sus respectivas visiones dispares sobre financiación autonómica como elemento ineludible en el debate, que no tardaron en aflorar, y las políticas de vivienda.
«Es el tema que más preocupa, y con razón, a todos los ciudadanos», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Reiteró su compromiso de construir 4.000 viviendas públicas esta legislatura, y recordó que ya se han empezado a entregar llaves, como hizo este martes en Santiago. Presumió de que estén todas en marcha, rechazó las críticas de quienes, como el BNG, le demandan ya resultados, y pidió suelo para construir a precio social. «¿Dónde están los decretos de hacer nuevas promociones?», contrapuso a los dos votados este viernes en el Congreso, rechazando la inseguridad jurídica que, según consideró, generan a los propietarios las políticas del Gobierno. «La inmensa mayoría de los propietarios son pequeños propietarios; de algunos de los que hablan de grandes tenedores habría que ver cuántos pisos tienen», comparó, recetando «menos dogmas, menos soluciones contra reloj y más planificación para construir y permitir que otros construyan».
El lendakari lamentó que no exista «un clima político de mínimos» para una reflexión compartida entre los partidos del Congreso y para poder pactar un marco de referencia. «Esto es una desgracia para España. Hay políticas estructurales en las que el Estado se juega el futuro y solo prima la crispación política. No hay una política seria de vivienda en el Estado», rechazó Pradales, quien enumeró las medidas impulsadas desde su gobierno, como el horizonte en el 2032 de incrementar el parque público protegido «más grande del Estado» del 8 % al 12 %.
Salvador Illa defendió la aplicación de la ley de vivienda en su comunidad, donde reivindicó que «funciona», y repasó novedades de su administración como la compra partida de inmuebles. «El principal elemento para compartir la prosperidad es la vivienda», incidió el presidente catalán, quien mostró su «profunda decepción con Junts per Catalunya» por su rechazo a los decretos de vivienda que el Gobierno llevó este viernes al Congreso.
«Ese partido que yo conocí y dice defender los intereses de los catalanes se equivoca gravemente. Hay una demanda social e importante en que las administraciones públicas demos respuesta a una necesidad como es la vivienda», reclamó.
Financiación autonómica
No tardó el presidente de la Xunta en poner sobre la mesa el debate sobre la financiación: «El sistema que se nos ha propuesto nos sitúa entre los segundos y terceros por la cola, sin financiación justa no habrá cohesión territorial», dijo ante la atenta mirada del lendakari Imanol Pradales, con su propio concierto económico, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuya comunidad se quedó sola, junto a Canarias, en apoyar la propuesta de financiación autonómica que el Gobierno llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera a principios de septiembre y que previamente habían negociado Cataluña y el Ejecutivo.
Illa no eludió el discurso de Rueda y le recogió el guante sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. «Hay que reformarlo, porque está caducado. Hemos puesto encima de la mesa un modelo. Puede no gustar, pero reduce diferencias entre comunidades autónomas. Si no le gusta, dígame qué pone encima de la mesa», invitó al jefe del Ejecutivo gallego, recordando que 21.000 millones de euros pasarán ahora de la Administración del Estado a las comunidades de régimen común.
«Pagamos la sanidad, políticas sociales, en un contexto de aumento de costes», continuó el líder catalán sobre un modelo que «no perjudica a nadie, no busca ningún privilegio», defendió, con Pradales en medio ajeno a la controversia que manejan el resto de comunidades autónomas salvo Navarra, incluidas las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha.
A pesar de los esfuerzos del moderador de reconducir el debate, Rueda replicó a su homólogo catalán que Galicia realizó 18 alegaciones contra el modelo planteado por el Ejecutivo sin que hubiese respuesta alguna. «No podemos admitir que, si se quiere repartir algo, se vaya repartiendo por partes», se quejó el presidente gallego, advirtiendo que Galicia solo absorbe el 2 % de esos 21.000 millones de euros, lo que, en proporción a criterios propuestos de envejecimiento o dispersión poblacional, deja a la comunidad «a la cola». Volvió a apostar por una reunión entre todas las comunidades y el Gobierno para alcanzar un acuerdo frente a «repartos bilaterales que rompen la cohesión».
Illa decidió quedarse con la última palabra, y tiró de hemeroteca para dirigirse a Rueda: «Siempre se hizo igual, incluso cuando la pactó Jordi Pujol con José María Aznar». Y Pradales no quiso quedarse fuera del debate, haciendo un breve inciso al exponer que el País Vasco deberá negociar la nueva ley de cupo quinquenal, así como la condonación de deuda del FLA. «Cierro ese capítulo brevemente», zanjó en una mesa que también le permitió mostrar su «preocupación» por la «deriva de centralización de los poderes en torno a la capital» y a Rueda ser el único en vaticinar cuándo deben ser las próximas elecciones generales: «Yo lo tengo fácil, cuanto antes».