La jueza que condenó al maquinista del Alvia apoya ahora su indulto y reivindica su tesis de que la curva de Angrois no era segura

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

La jueza Elena Fernández Currás
La jueza Elena Fernández Currás XOAN A. SOLER

La responsable del fallo en primera instancia, que fue modificado por la Audiencia de A Coruña al exculpar al ex alto cargo del ADIF, recuerda que la sentencia de apelación no cambió los hechos probados que sustentaban la responsabilidad del administrador ferroviario

08 sep 2026 . Actualizado a las 17:57 h.

Francisco José Garzón Amo, el maquinista del Alvia condenado a dos años y medio de prisión por sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña, sigue sumando apoyos para lograr el indulto y no tener que ingresar en la cárcel. Al respaldo de un perdón parcial por parte del fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se añade ahora el de la titular de la Plaza nº 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Compostela, María Elena Fernández Currás, la jueza que redactó la sentencia en primera instancia que condenaba tanto al maquinista como al exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de prisión. Esta sentencia fue modificada por la Audiencia Provincial de A Coruña dejando al conductor del Alvia accidentado en la curva de Angrois el 24 de julio del 2013 como el único responsable penal de un accidente que se cobró 81 vidas, aunque judicialmente solo se han reconocido 80.

Para la jueza que dirigió uno de los juicios más largos de la historia judicial gallega -un total de 10 meses entre octubre del 2022 y julio del 2023-, existen «razones de justicia y equidad» para concederle el indulto solicitado, «dado que la conducta delictiva se cometió por una imprudencia profesional, grave pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo en que el penado, como maquinista jefe del tren Alvia 150/151 (...), perdió la atención a la marcha del tren durante el tiempo en que mantuvo una conversación telefónica con el interventor del tren sobre una cuestión profesional pero que carecía de urgencia alguna»,  asegura en referencia a la consulta del interventor sobre cómo eran los andenes en la estación de Pontedeume, donde iba a bajarse una familia.

Esos 100 segundos de conversación telefónica en la antesala de la curva de Angrois, recuerda la jueza, se produjeron cerca del punto más peligroso de la línea y, sin embargo, carecía de una barrera técnica de protección, algo que constituía la segunda pata de la sentencia en primera instancia, y que ahora la magistrada reivindica en su escrito de apoyo al indulto, recordando que en el fallo finalmente modificado «concurrían, con su conducta negligente, otras circunstancias atinentes a la deficiente señalización del tramo en que se produjo el descarrilamiento y de medidas de seguridad que disminuyeran el riesgo de un exceso de velocidad de tal calibre que el descarrilamiento del tren era seguro». 

Para Fernández Currás, estas apreciaciones no fueron cuestionadas por la sentencia en apelación de la Audiencia, pues no se modificaron los hechos probados para exculpar a Andrés Cortabitarte. «Esta consideración -argumenta la jueza en su escrito- no queda descartada por la sentencia de apelación, aunque no se haya materializado en la condena de la única persona a quien se acusó como responsable de esas deficiencias en la vía».

Para apoyar el indulto total del maquinista, la magistrada aduce que el «profundo pesar del penado por el dolor generado a las víctimas» fue patente ya desde el primer momento tras el accidente y, durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio, «fueron públicas y privadas sus peticiones de perdón». No obstante, la jueza admite que esas acciones de arrepentimiento no fueron suficientes «para el reconocimiento expreso de una atenuante de reparación del daño», pero recoge la reflexión del sector de las víctimas que apoya el indulto de Garzón Amo, en el sentido de que «la condena moral del señor Garzón Amo será de por vida, cumpla o no la pena de prisión». 

A todos estos argumentos añade que las indemnizaciones a las víctimas por parte de Renfe han sido abonadas casi en su totalidad, por lo que es favorable a la petición de indulto total y, «subsidiariamente, al indulto de la parte de la pena en lo que excede de los dos años, que permitirían la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión».

El proceso para pedir el indulto del maquinista Francisco José Garzón Amo finaliza así la fase de recopilación de informes de distintos actores, como la Fiscalía, el tribunal sentenciador o las acusaciones particulares y populares. El expediente con todas las aportaciones ya ha sido remitido al Ministerio de Justicia, que elevará una propuesta motivada al Consejo de Ministros.