Hacienda impondrá su modelo de financiación con el único voto a favor de Cataluña y Canarias

El Gobierno centra sus esfuerzos en este último tramo de legislatura en aprobar la reforma de un sistema de financiación autonómica que lleva caducado ya doce años. Un reto que hasta ahora había sido postergado por los ejecutivos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez a pesar de la presión ejercida por las comunidades autónomas para abordarlo, en parte por la falta de consenso derivada de las distintas sensibilidades de cada territorio. Esa conformidad entre las partes sigue muy lejos de alcanzarse. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, presidirá esta mañana un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que aprobará la propuesta del Gobierno con el rechazo de todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y Canarias.

El resto de gobiernos autonómicos, incluidos los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, se plantan ante un modelo que, según critican, parte de una negociación bilateral entre el Ejecutivo central y ERC y que creen que está hecho a medida de las necesidades y peticiones presentadas por Cataluña. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, asiste esta mañana a la cumbre en el Ministerio de Hacienda con «sensación de frustración» tras la reunión técnica celebrada este jueves, en la que el Gobierno no mostró predisposición a introducir modificaciones a su propuesta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reiteró esta semana que una de las prioridades de su gobierno en este inicio de curso es seguir defendiendo «un sistema xusto para Galicia», con el que recibir lo que le «corresponde». Corgos había advertido ya que la propuesta enviada a las comunidades en julio, con pequeños retoques respecto al planteado en enero, «non ten en conta nin as propostas nin as necesidades de Galicia, que pasan por valorar o aumento do custe da prestación dos servizos nesta comunidade».

«Coas contías exactas que se remiten, o que lle correspondería nese ano á nosa comunidade serían 380 millóns de euros adicionais ao que lle correspondeu co sistema actual», indicó.

La Xunta exige que se atienda a las necesidades específicas de Galicia, considerando los criterios de población ajustada, una variable que estima los costes de prestar servicios en función de las características de su población. En el caso gallego, estos son la dispersión y el envejecimiento de la población. Sin embargo, el plan de Hacienda es que superficie y dispersión sigan teniendo un peso relativamente reducido en el reparto: el 1,6 % y 0,5 %, respectivamente. El último borrador añade una corrección para las comunidades que pierden habitantes, tomando como referencia el máximo de su población ajustada de los tres años anteriores.

Rechazo mayoritario

Hacienda estima que el sistema distribuiría 224.507 millones el próximo año, aportando 20.975 millones adicionales respecto a mantener el modelo vigente. El proyecto saldrá hoy adelante, pese al rechazo de la mayoría de comunidades autónomas —País Vasco y Navarra tienen sus propios modelos forales de concierto y convenio económico—, ya que el Gobierno dispone del 50 % de los votos en este órgano multilateral, por lo que solo necesita el respaldo de una comunidad autónoma para aprobarlo. La previsión es que Canarias también se sume al voto favorable de Cataluña. Es el paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior remisión al Congreso, donde el Gobierno deberá negociar los apoyos necesarios para dar luz verde al nuevo sistema de financiación.

Más allá del foco político del pacto inicial con ERC que disuade al resto de comunidades de alcanzar un acuerdo, uno de los principales escollos de la negociación es la ordinalidad. Este es el criterio que garantiza que una comunidad ocupe el mismo puesto en el reparto que en la recaudación. Cataluña blinda este concepto para pasar a ocupar la tercera posición en recepción de recursos al ser la tercera comunidad aportadora. Supondrá 4.686 millones de euros adicionales, un incremento del 13,3 %.

Los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Asturias, Adrián Barbón, se oponen a ello al considerar la ordinalidad como un posible foco de desigualdades entre autonomías. Todas las comunidades gobernadas por el PP avanzaron hace meses su voto en contra, y la Comunidad de Madrid trasladó ayer que ni siquiera asistirá, llamando al resto de autonomías a sumarse a su boicot. Según el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, el Gobierno no está «habilitado» para aprobar el nuevo sistema al tratar de repartir «un dinero que no tiene», al carecer de Presupuestos, con un modelo «diseñado por un partido independentista de Cataluña».

Propuesta de Gestha

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) planteó este jueves que la ordinalidad no limite el principio de solidaridad interterritorial para lograr un mayor consenso en la propuesta de reforma. Según expusieron, la ordinalidad beneficiará a los territorios con mayor recaudación, como son Madrid, Baleares y Cataluña, por lo que reclaman que el aumento de los fondos y el nuevo reparto mantenga la solidaridad con las comunidades receptoras netas de los fondos de nivelación y de solidaridad interterritorial, como Extremadura, Canarias o Asturias.

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