Aprobada la ley de traspaso de la AP-9 con el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG
GALICIA
La Xunta deberá negociar ahora los términos del traspaso con el Estado en la Comisión Mixta de Transferencias
23 jul 2026 . Actualizado a las 19:05 h.La ley de transferencia de la autopista AP-9 ha sido aprobada definitivamente este jueves en el pleno del Congreso, concretamente el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG tras rechazarse las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. El PP fue respaldado únicamente por el diputado de UPN, Alberto Catalán, mientras que el resto de grupos, incluido VOX, votaron en contra, lo que suponía automáticamente recuperar el texto que el Congreso envió a la Cámara Alta. La primera intervención sobre este asunto en el Congreso este mediodía fue la del nacionalista Néstor Rego, que calificó la votación de «momento histórico despois de moitos anos de reclamacións que terminaron frustrándose por decisións políticas». Recordó que hace décadas que el BNG reclama esta transferencia, que tomó cuerpo institucional cuando el partido registró una proposición de ley al respecto debatida y aprobada en la primavera del 2016. En ese momento el PP tenía mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y Ana Pastor presidenta del Congreso.
Acusó a los populares de reclamar la transferencia en Galicia y votar para bloquearla sistemáticamente en el Congreso e instó a los populares a no votar en contra una tercera vez con «pretextos falsos e valéndose da mentira e manipulación». En este contexto, se remitió a una sentencia del tribunal de justicia europeo sobre este asunto en el que argumenta que en el informe de la letrada se especifica que «queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta só terá que asumir as consecuencias das suas propias decisións unha vez sexan propietarios da AP-9».
«Só esperamos que o PP non teña a tentación de bloquear de manera permanente a negociación na comision mixta de transferencias eque utilicen ese foro para negociar, senón terán que darlle explicacións aos galegos», sentenció Rego. Recordó sobre este tema la prórroga ilegal de Aznar en el 2000 por 25 años y la privatización de la AP-9 por parte de Audasa en el 2003.
Para terminar, Rego atribuyó a los nacionalistas las bonificaciones conseguidas de hasta el 75 % para usuarios habituales y del 50 % para transportistas. «Queremos unha AP-9 galega e libre de peaxes para acabar con esa prórroga ilegal. Queremos unha infraestructura que sexa motor de desenvolvemento de Galicia e non un lastre como ata agora», concluyó.
PP: «El texto que llega del Senado coincide literalmente con el texto del parlamento gallego»
El popular Luis Celso Delgado defendió que el texto sobre la ley de traspaso de la AP-9 que viene del Senado «es literalmente idéntico que el que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia el 19 de diciembre del 2023». Sobre este documento, destacó que «preserva la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma, que impone claramente al Estado la obligación de asumir los costes pasados y futuros de la concesión de la autopista, blindando la sostenibilidad financiera de la futura gestión autonómica».
Delgado defendió que este texto «recibiría la transferencia de la titularidad y competencias sin cargas indeseadas ni facturas ocultas», porque, a su juicio, «el texto transfiere de forma efectiva la titularidad de la AP-9 a Galicia y no como propone en el texto de PSOE, BNG y Sumar, que difiere la transferencia a un posible acuerdo en la comisión mixta de transferencia, lo que representa claros indicios de inconstitucionalidad».
Remarcó a su vez que el texto que llega del Senado establece que «en el supuesto de que se declare por el tribunal de justicia la nulidad de prórrogas de la concesión por incumplimiento de la normativa, será el estado quien asuma esa obligación». Una disposición adicional que denunció que fue excluida por BNG, Sumar y los socialistas, «desnaturalizando el texto original parta blindar la posición del Estado».
«La transferencia solo se puede materializar con la voluntad del gobierno gallego y ellos imponen requisitos en la ley que la Xunta no puede ni debe aceptar», razonó. Frente a las recientes palabras del ministro de Hacienda Arcadi España, secundó la postura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que dejó claro que «Galicia no reclama trato de favor, sino condiciones que permitan asumir gestión de la infraestructura sin poner en riesgo las cuentas autonómicas». «No queremos más que nadie ni tampoco menos, pero sí competencias como las que se piden desde Cataluña o País Vasco», dijo.
Los populares concretaron que si la ley de traspaso era aprobada como ha sucedido esta tarde, bajo su punto de vista «se suscribiría un traspaso sin garantías mínimas para Galicia que implicaría asumir una infraestructura clave pero condicionada por cargas económicas futuras inciertas». Cifró en 4.000 millones de euros los costes que la comunidad afrontaría, «comprometiendo así la capacidad para abaratar la AP-9 y alejarse del objetivo de la gratuidad». «Queremos que la transferencia de la AP-9 tenga responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón», finalizó.
PSdeG: «Desde o PP intentaron torpedear esta lei que hoxe será unha realidade»
La socialista Patricia Otero calificó la votación de hoy como un «paso decisivo» y acusó a Rueda de llevar varias semanas justificando el no sobre la ley de traspaso con «manipulación e mentiras enganando á cidadanía galega». En este sentido, criticó que en 17 años de gobiernos populares solo hubo una transferencia para Galicia solicitada por el presidente de la Xunta recientemente. Pidió a su vez que la Xunta aplique las mismas bonificaciones en la AG-55 y AG-57 para todas las familias, «non só as numerosas».
«Desde o PP intentaron torpedear esta lei que hoxe será unha realidade», subrayó y lanzó al PP la pregunta de que teniendo un marco legal para que Estado y Xunta negocien las condiciones del traspaso si se van a negar a negociar.
Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se pronunció al respecto en su viaje institucional desde Uruguay: «Á terceira vai a vencida. Hoxe, pese a Rueda, cumprimos coa demanda histórica de que a AP-9 sexa por fin galega». Recordó que a partir de ahora, «tócalle á comisión bilateral precisar os termos nos que se materializa o traspaso» e instó a a Rueda a sentarse a negociar con el Estado para hacer efectiva «canto antes» esta nueva competencia para Galicia.
Sumar: «As peaxes son abusivas só por exercer o dereito á mobilidade»
Manuel Lago, de Sumar, expresó en el Congreso que para su grupo la única solución pasa por «recuperar para o público a autopista do Atlántico»: «É absurdo que ir y volver a Tui custe 56 euros, dos que o usuario paga 28 euros e os outros 28 pagámolos todos pola subvención estatal». Continuó diciendo que «as peaxes son abusivas só por exercer o dereito á mobilidade» y calificó de «aínda máis absurdo» que entre A Coruña y Madrid no haya peajes prácticamente.
Sobre Audasa, la empresa propietaria de la AP-9, detalló que ingresa 230 millones de euros por los peajes, teniendo una rentabilidad por ingresos del 82 %. También calificó de «inaceptable» que Audasa destine la totalidad de sus beneficios a pagar dividendos a accionistas. «Cando prácticamente non queden estradas con peaxe en España, en Galicia seguiremos pagando», dijo con pesimismo. Para él, la solución real a este asunto es que «a carretera volva a ser pública, como o era antes de que Aznar a privatizase no 2003 e tres anos despois ampliase a concesión por 25 anos».
Asimismo, apuntó que el hecho de que la AP-9 sea pública y libre de peajes «non se resolve co traslado de competencias a Galicia, pero é unha resposta a unha demanda histórica», aclaró.
Alfonso Rueda: «Galicia non pode aceptar esa transferencia»
Alfonso Rueda se pronunció tras la votación aprobada esta tarde: «Había un acordo unánime do parlamento de Galicia no que se blindaba que si se producía a transferencia, Galicia non tivera que pagar nada porque viña cos recursos económicos necesarios como se fan todas as transferencias».
«Lamento moito que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos os partidos da oposición en Galicia a aceptar unha transferencia que non vén financiada e que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns cando as transferencias a outras comunidades están perfectamente financiadas e encima pretendan que esto sexa unha especie de triunfo político», expuso, mientras reiteró que «nesas condicións Galicia non pode aceptar esa transferencia».