Consideran que trata de regular la legislación de Costas por la puerta de atrás recurriendo al decreto para gestionar riesgos de inundación
23 jul 2026 . Actualizado a las 16:19 h.Nueva polémica entre la Xunta y el Gobierno central acerca de los usos del litoral. En esta ocasión llega a través del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene en trámite de audiencia e información pública. Dicha norma contiene un artículo que modificaría el Reglamento General de Costas, en concreto, los criterios para establecer los deslindes, lo que supondría una reforma «unilateral» sobre cómo establecer la línea de deslinde y generaría, según el Ejecutivo gallego, una mayor inseguridad jurídica.
Esa interpretación se deriva del artículo 4 del real decreto, que cambiaría los criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático destaca, en particular, la modificación sobre cómo fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales, en la que se señala que «se utilizarán las máximas olas registradas o calculadas» con los datos desde que existan registros de boyas o satélites o datos oceanográficos o meteorológicos.
Desde la consellería resaltan que, actualmente ese alcance está vinculado a que las olas lleguen a una determinada cota por lo menos en cinco ocasiones en un período de cinco años. Es decir, necesita un factor de recurrencia que, según el departamento de Ángeles Vázquez, quedaría eliminado. «A proposta do Goberno de España elimina a necesidade da recorrencia e establece un novo criterio principal baseado no rexistro dunha máxima onda nun momento concreto. Iso suporía que calquera actualización de modelos ou series de datos podería xustificar novos deslindes», interpretan. De ahí que consideren que se generará una «inseguridade permanente» para concellos, propietarios o concesionarios.
Pero además, para la Xunta esto supone intentar «unha reforma pola porta de atrás de aspectos nucleares da lexislación de Costas», dado que el real decreto no está relacionado con la ordenación del litoral, si no con los riesgos derivados de las inundaciones. Y es que si el nuevo criterio supusiese modificar líneas de deslinde de costa, los terrenos que pasasen a estar en dominio público marítimo-terrestre pasarían a tener limitaciones severas en sus usos residenciales, turísticos o industriales.
Difícil aplicación en Galicia
Además de censurar que el posible cambio se haya realizado sin informar ni dar participación a las Administraciones y entidades afectadas, la Consellería de Medio Ambiente destaca que la modificación no tiene en cuenta características muy peculiares de la costa gallega. Por ejemplo, que los temporales pueden penetrar más hacia el interior en las rías que en un litoral más rectilíneo. De esa manera, si se pasan a tener como referencia las máximas olas registradas o calculadas, el dominio público marítimo-terrestre «podería abarcar zonas urbanas hoxe consolidadas».
Ese deslinde más expansivo que los actuales podría complicar también la gestión de espacios portuarios, almacenes o lonjas. Y tensionaría la relación entre el citado dominio y el tejido urbano, ya que en la costa gallega hay muchos núcleos de población con frente urbanos muy próximos al agua.
Ante esta situación, Ángeles Vázquez ha remitido una carta a los concellos litorales, a representantes de la cadena mar-industria y a los miembros del Foro do litoral, animándolos a presentar los comentarios y alegaciones que vean oportunos durante el procedimiento de audiencia e información pública del proyecto de real decreto.