Una empleada del SAF podrá dejar una casa por riesgo de agresión, pero el usuario recibirá atención alternativa
GALICIA
Este martes se firmó el Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
15 jul 2026 . Actualizado a las 19:14 h.Una empleada del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) podrá dejar una casa por riesgo de agresión, ya sea por parte de quienes convivan con la persona dependiente como por la presencia de animales. Sin embargo, se dará a ese usuario una atención alternativa. Es una de las conclusiones del Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que se firmó el martes en la sede de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). El documento está impulsado por el fallecimiento el año pasado de una trabajadora de este servicio, Teresa de Jesús González, presuntamente asesinada por la pareja de la persona dependiente a la que atendía en O Porriño (Pontevedra).
El protocolo pretende establecer un marco de prevención, actuación y seguimiento frente a situaciones de violencia externa que afectan a los trabajadores, especialmente mujeres, en la prestación del SAF. Abarcan situaciones que se pueden dar en los domicilios de los usuarios, en desplazamientos entre domicilios, comunicaciones o actividades sociales y formativas. La activación de los sistemas de alarma y la comunicación con el 112 también se tendrán en cuenta si se dan situaciones de peligro, además de recomendaciones como mantener activo el teléfono móvil durante toda la jornada, prever el acompañamiento temporal cuando las circunstancias lo requieran o reforzar la coordinación con los servicios sanitarios.
También se aumentará el seguimiento en casos con antecedentes de conflicto, se reforzará la formación de los trabajadores en prevención de la violencia, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el control de la tensión. Esto es el resultado de meses de trabajo en este protocolo, que fue rubricado esta semana por todas las partes. En el caso del Gobierno gallego, la colaboración en el diseño se canalizó a través del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia y del Servizo de Inspección de Servizos Sociais de la Consellería de Política Social e Igualdade.
También intervinieron el presidente de la Fegamp, Alberto Varela; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la gerente del ISSGA, Adela Quinzá-Torroja; la presidenta del Colexio Oficial do Traballo Social, Rosario Capelo; la secretaria general de CC.OO. Habitat Galicia, Alejandra Gesto; el secretario de Organización de CIG Servizos, Pedro Pérez; la responsable de Administración Local de CSIF Galicia, Yolanda Martínez; el secretario del sector de la Dependencia de UGT SP Galicia, Javier Martínez; el representante de ASADE, Alberto Domínguez; y el secretario de AGESAF, Francisco Montoto. Al acto también ha asistido la subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, Mercedes Dolores Cardelle, que no ha rubricado el acuerdo.
Paralelamente, la conselleira de Política Social, Fabiola García, calificó el documento con las nuevas normas como algo «vivo, que hay que ir siempre adaptando» y deseó que su aplicación «sea efectiva». El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha aludido a la «complejidad del asunto y a la realidad del SAF» y destacó el trabajo desarrollado de forma «constructiva y plural», lo que permitió llegar a «consensos» sobre el contenido del documento. También advirtió que «la alta demanda» del servicio y las particulares condiciones territoriales de cada ayuntamiento, «junto con la falta de financiamiento que padece, hacen cada vez más complicada su gestión por los ayuntamientos».
Según la Xunta, el protocolo incide a su vez en la importancia del entorno de trabajo, la organización de las tareas, la seguridad y la formación específica como elementos clave para reducir riesgos y mejorar el desempeño profesional. Establece un sistema progresivo de actuación, desde la prevención hasta la respuesta ante una agresión, con pautas para anticipar riesgos, reducir la conflictividad y actuar cuando la tensión aumente, siempre «priorizando» la integridad física y emocional de los profesionales.
Será clave que los ayuntamientos dispongan de un registro unificado para todas las entidades prestadoras y de un seguimiento de los incidentes, con el objetivo de facilitar su evaluación y, si fuese necesario, coordinar con las administraciones la adopción de medidas correctoras. Asimismo, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración precisó que la primera reunión de seguimiento se celebrará a los seis meses de la firma del protocolo y que las posteriores revisiones serán anuales o cuando se produzcan cambios normativos o circunstancias extraordinarias que afecten a las nuevas reglas aprobadas.
Documento de «compromisos y cambios normativos»
También se firmó esta semana —con la excepción del ISSGA y de la Consellería de Política Social—un «documento de compromisos y cambios normativos» para «garantizar la aplicación del protocolo», según remarcó la FEGAMP. Una decisión de la Xunta criticada por CIG y CC.OO a causa de la «falta de voluntad política» del gobierno autonómico para garantizar una «protección efectiva». La CIG lamentó que el ISSGA se «limitó a ratificar únicamente el protocolo, negándose a asumir el compromiso político y técnico necesario para hacer efectivas las medidas acordadas».
Por su parte, CC.OO.-Hábitat sostiene que la decisión de la Consellería de Política Social de «no ratificar el documento» supone «dar la espalda no solo a las trabajadoras del SAF, sino al amplio consenso alcanzado» por el sector. Frente a estas críticas, las mismas fuentes de la Consellería de Política Social han asegurado que «procederán a valorar» las diferentes peticiones recogidas en el documento para mejorar el servicio prestado.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco hizo referencia a la financiación estatal de la dependencia que «contribuirá a mejorar» la atención a los usuarios y las condiciones en las que desarrollan su trabajo las profesionales del SAF. «No puede haber una atención de calidad a las personas dependientes sin profesionales protegidas, reconocidas y con recursos suficientes para desarrollar su trabajo», expresó. En este escenario, el incremento de la financiación del sistema de dependencia, tendrá «un impacto directo» en Galicia, al «reducir en un 62,3 % las listas de espera, incorporar 15.938 nuevas personas al sistema y superar las 111.700 personas atendidas».
Concretamente, Fabiola García recordó que la Xunta aportará hasta el 2028 a los ayuntamientos un total de 500 millones de euros. Por ello, todos los municipios que se sumaron a este incremento recibirán 16 euros por hora en el 2026, 17 euros en el 2027 y 18 euros en el 2028.