Galicia es la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera del sistema de dependencia
GALICIA
El primer semestre del 2026 el tiempo medio de espera en España fue de 314 días, 27 menos que al empezar el año
08 jul 2026 . Actualizado a las 16:08 h.Un total de 15.450 personas murieron esperando una resolución del sistema de dependencia (7.916 estaban esperando ser valoradas y 7.534 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho) en el primer semestre del 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera hasta 255.302 personas (108.908 están a la espera de valoración y 146.394 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos), al no excluir a aquellas que llevan menos de seis meses (plazo establecido por la ley). Son 2.865 personas menos que el año pasado, de las cuales 108.908 están pendientes de valoración (42,7 %) y 146.394 a la espera de prestaciones y servicios que tienen reconocidos (57,3 %).Según detallan los profesionales de los servicios sociales, casi la mitad de estas muertes se concentran en Cataluña (4.999) y Andalucía (2.368), mientras que Galicia es la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, excluye a quienes llevan menos de seis meses en la lista, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder a los procedimientos, y estima que son 142.887 personas, lo que supone un «un mínimo histórico» al descender un 21 % en un año. Así figura en el informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este miércoles, tras presentar el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) correspondientes a los meses de enero a junio.
Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos casi 20 años, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera. Según apuntan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las causas principales son: procedimientos burocráticos o las escasas cuantías de las prestaciones, que junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A esto hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.
El Ministerio considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido; de ahí que sus datos sean inferiores a la lista de espera real. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales trasladan que «el Ministerio de manera triunfalista declara la mejora en todos los indicadores de gestión y de atención».
A su juicio, esto contrasta con el mantenimiento de un Sistema con servicios low cost en el que no aumentan las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio (actualmente en 38 horas al mes de media), ni las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares (actualmente de 262 euros al mes de media), ni la subida de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (actualmente 567 euros al mes para plaza de residencia), ni se autoriza compatibilidad entre prestaciones y servicios. Además, señalan que «adornan los datos» escogiendo el período de tiempo para comparar las cifras.
En esta línea, concretan que 64.815 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final del 2025. Unido a la suma de prestaciones y servicios, que ha aumentado en 129.014. «Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia», exponen.
De esta manera, según los datos del observatorio, finaliza junio del 2026 con 255.302 personas a la espera de un procedimiento: 146.394 personas con derecho reconocido en espera de atención (2.513 menos que al empezar el año). A estas cifras hay que añadir 108.908 personas pendientes de valoración, 352 menos que a finales de año. «La desatención alcanza esas 255.302 personas, solo 2.865 menos que al comienzo del año», aclaran. En el observatorio, las comunidades con mayor «limbo de la dependencia» son: Canarias (18,6%), País Vasco (14,7 %), Murcia (13,9 %) y Cataluña (13,3 %); y las que menos, Aragón (1,3 %), Galicia (1,4 %) y Castilla y León (2,5 %).
Por su parte, siete comunidades han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia en estos seis meses: Cantabria (+106,3 %), Madrid (41,3 %) y Castilla ? La Mancha (25 %) lideran este aumento. Más de la mitad (59 %) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tres Comunidades: Cataluña (78.326), Andalucía (41.707) y Comunidad Valenciana (31.734).
Las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos seis meses han sido Canarias (+26,6%) y Cantabria (+7,3%). Por el contrario, las Comunidades que han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,2%) y Extremadura (-0,1%). En estos seis meses han fallecido 15.450 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA,1.416 menos que el año pasado a estas alturas. Casi la mitad (48 %) se concentran en Cataluña (4.999) y Andalucía (2.368). A la cola, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (39).
En España, las personas con derecho aumentan un 3,9 %. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación hasta junio han sido: Cantabria (+12,5 %) y Canarias (+11 %). Por el contrario, en Navarra (-2 %) y Castilla y León (-0,5 %) se reducen el número de personas con derecho.
Por su parte, el indicador de agilidad administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente. Este proceloso recorrido hizo que en el primer semestre de 2026 el tiempo medio en España fuese de 314 días, 27 días menos que al empezar el año, pero superior al plazo estipulado. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta (82) por debajo a ese margen en sus promedios: Aragón (117), Castilla y León (120), País Vasco (131), La Rioja (138), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (172). Baleares (201) y Navarra (216) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (551 días), Andalucía (435 días), Asturias (425 días) y Madrid (342 días).
Plan de Choque para la dependencia
El Plan de Choque para la dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, sin embargo, según la asociación, «no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en el 2024 y 2025».
La «lista de espera» se inicia en el momento en que una persona solicita una valoración de grado de dependencia, momento en el que se desencadena un conjunto de procedimientos complejos que comprenden: una revisión de documentación e informes; la valoración de cada persona en su entorno por equipos técnicos aplicando un baremo estándar BVD; la emisión de propuesta de resolución o una resolución administrativa del grado de dependencia; un trámite de audiencia con la persona interesada para elaborar el Proyecto Individual de Atención (PIA) en función de sus necesidades y preferencias.
También abarca los cálculos económicos de renta y patrimonio para determinar copagos o descuentos en las prestaciones, la resolución del PIA y, finalmente, una entrega de servicios que en no pocas ocasiones, al ser prestados por otras administraciones (administraciones locales) conllevan nuevas resoluciones administrativas que ralentizan los procedimientos. Según el Observatorio, la lista de espera se ha reducido paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes de grado en julio del 2015. En aquel momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas.
Desde entonces, y hasta final del 2024, se ha ido reduciendo progresivamente. En el primer semestre del 2026 la situación ha mostrado una ligera mejoría: el número de personas en lista de espera se ha reducido en 2.865 respecto al inicio del año, situándose en 255.302 personas.
Sin embargo ,más de un cuarto de millón de personas continúan esperando el reconocimiento de un derecho reconocido por ley. El Observatorio apunta que al ritmo actual de reducción, serán necesarios años para acabar con una situación que sigue afectando a miles de personas y familias en condiciones de especial vulnerabilidad.