El Congreso aprueba traspasar la AP-9 sin las garantías exigidas desde Galicia

El Congreso de los Diputados dio ayer un paso inédito para que la AP-9 se convierta en una autopista de titularidad gallega y gestionada desde Galicia. La aprobación otorgada a la transferencia del vial a la Xunta (179 votos a favor y 169 en contra) se produjo, sin embargo, con la ruptura de la unanimidad con la que la clase política gallega había defendido desde el 2015 ante las Cortes la cesión de la infraestructura.

El PP, autor de la iniciativa que llegó por cuarta vez al Congreso, votó en contra de la proposición de ley tras denunciar que el texto reformado por PSOE, Sumar y BNG obvia exigencias de peso planteadas por unanimidad desde el Parlamento de Galicia. La principal consistía en reclamar garantías económicas y jurídicas expresas que impidan que la Xunta pueda tener que hacer frente a desembolsos milmillonarios en favor de la concesionaria si se llega a declarar nula la prórroga de su contrato, posibilidad que está en manos de la Comisión Europea. El PP añadió que se obvia también la exigencia de blindar con fondos estatales la realización de las obras de conexión de la autopista pendientes en A Coruña, Pontevedra y Vigo y las que puedan llegar a ser necesarias en el vial; ampliar las bonificaciones actuales para los usuarios frecuentes, familias numerosas o recorridos nocturnos, y que se elimine la subida de peajes extra de un 1 % anual autorizada a Audasa hasta el 2038 para recuperar sus gastos en obras, extremos todos ellos avalados.

PSOE, Sumar y BNG negaron esa ausencia de garantías y acusaron a los populares de no querer en realidad la transferencia, o no confiar en su capacidad de negociación frente al Gobierno central en la comisión mixta en la que la Xunta tendrá que hacer valer sus exigencias.

Pedro Puy, defensor de los votos particulares del PP, avanzó que su partido rechazará en el Senado la propuesta, instando a recuperar el texto enviado por consenso desde Santiago. La proposición de ley tendrá que volver entonces al Congreso para una votación definitiva, en un pleno que podría celebrarse el 23 de julio o ya pasaría al nuevo período de sesiones después del verano.

«Mansos en Madrid»

«Han traicionado los acuerdos previos adoptados en Galicia y hasta los firmados por el PSOE y el BNG en el pacto de investidura de Pedro Sánchez», afirmó Puy, quien acusó a los nacionalistas de ser «bravos en Galicia, pero mansos en Madrid». El diputado avanzó que con el texto aprobado, la Xunta no se hará cargo de la AP-9. «En estas condiciones la transferencia no es viable», dijo.

«Non lle fallen unha vez máis a Galicia», le respondió la socialista Patricia Otero, para quien el acuerdo tripartito emana del que salió del Parlamento de Galicia». Otero aludió a una campaña de «bulos e mentiras» para negar que la iniciativa obvie garantías para la Xunta o exigencias en favor de los gallegos.

«É unha proposición de lei que garante unha correcta transferencia», atestiguó también desde Sumar Manuel Lago, quien conminó a la Xunta a ejercer sus cuotas de autogobierno en las negociaciones que aún deben de definir cómo se hará el cambio de titularidad de la infraestructura.

En similar sentido se expresó el diputado del BNG, Néstor Rego. «Deixen de mentir», inquirió, para afirmar que la transferencia está acompañada de todas las garantías, incluida la dotación económica para mantener las bonificaciones, o el pago de indemnizaciones a Audasa si el Tribunal de Justicia europea dicta por sentencia el final de su contrato. «Vostedes non queren a transferencia da AP-9 nin ningunha outra. Plantexan escusas de mal pagador», acusó Rego.

Vox, que votó contra el traspaso, criticó al PP por perder la iniciativa de su propia propuesta.

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