PSOE, Sumar y BNG rechazan en el Congreso los reparos del PP y la Xunta a la transferencia de la AP-9
GALICIA
El Ejecutivo autonómico dice que las condiciones del traspaso, sin recursos económicos o jurídicos, son «unha hipoteca para Galicia»
16 jun 2026 . Actualizado a las 13:53 h.Solo queda un paso ya para que el Congreso de los Diputados deje en manos de una negociación entre el Gobierno central y la Xunta la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia, exigida hasta en cinco ocasiones por unanimidad por el Parlamento gallego. La Comisión de Transportes de la Cámara Baja ha dado hoy su visto bueno al texto de la ponencia que articula dicho traspaso, con los votos en contra únicamente del PP y Vox: 20 frente a 17. Ahora será el turno del pleno del Congreso el que tendrá que posicionarse sobre la transferencia con el texto aprobado, para que luego lo haga también el Senado.
PSOE, Sumar y BNG han desoído los reparos expresados tanto por la Xunta como por el PP al acuerdo de transferencia promovido por las tres formaciones de izquierda. Aunque el diputado del PP Celso Delgado advirtió que los términos del pacto avalado por dichos partidos no garantizan ni los recursos económicos ni jurídicos que su formación entiende que deben acompañar el traspaso de la autopista, y que las condiciones planteadas hacen que sea «un sucedáneo» de transferencia, la mayoría de los integrantes de la comisión votaron a favor de ceder la titularidad de la AP-9 a Galicia, con un texto, eso sí, que modifica el remitido desde la Cámara gallega.
Ahora, en el caso de que las Cortes voten a favor de la transferencia, todos los detalles de ese traspaso quedarán en manos de la comisión mixta de transferencias Xunta-Gobierno de España donde, en un plazo que no suele ser inferior al de medio año, se detallarán las condiciones que acabarían rigiendo el cambio de manos de la titularidad del vial.
Tanto PSOE, como Sumar y BNG negaron que las condiciones de transferencia no blinden económica y jurídicamente a la Xunta en la posición de nuevo propietario de la autopista. Los tres grupos, a través de los diputados Patricia Otero, Manuel Lago y Néstor Rego, coincidieron en achacar a los populares una estrategia política para impedir la transferencia. «O PP di unha cousa en Galicia e outra aquí. O PP boicotea o acordo con mentiras, con moitas mentiras. Este acordo respecta o espíritu e a vontade do expresado polo Parlamento de Galicia», aseguró la socialista Otero Rodríguez.
Lago y Rego coincidieron en asegurar que todas las posibles vicisitudes que se pueda encontrar la Xunta como futuro propietario de la autopista están previstas en el texto aprobado, donde entre otros extremos se incide en que será el Gobierno central quien tendrá que hacerse cargo de cualquier situación que se produzca como consecuencia de las decisiones tomadas desde el Ejecutivo hasta ahora sobre la concesión y la autopista.
«No podemos recibir la autopista a cualquier precio», advirtió el popular Celso Delgado, quien aseguró que lo aprobado nace de «un pacto de traidores» por no cumplir el mandato expreso del Parlamento gallego al desaparecer del texto aprobado condiciones como que el Gobierno central se haga cargo de todas las obras pendientes en la AP-9 y las que puedan ser necesarias en el futuro; que dote el acuerdo de una partida económica expresa para que se amplíen las actuales bonificaciones a los usuarios del vial; que se evite a los gallegos la subida extraordinaria de un 1% de los peajes hasta el 2038 para pagar las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago, o que se señale expresamente que en caso de que el Tribunal Europeo de Justicia acabe por determinar que la ampliación de la concesión hasta el año 2048 es ilegal, la indemnización a pagar a Audasa salga de las arcas centrales del Estado. «Es una transferencia con riesgos ocultos», zanjó Delgado.
Todos esos extremos, señaló en su intervención el nacionalista Néstor Rego, podrán quedar definidos y claros en la negociación que tendrían que hacer la Xunta y el Gobierno central. «Coas súas enmedas o PP admite a súa incapacidae para negociar a transferencia nas mellores condicións posibles», dijo el diputado del BNG. Manuel Lago, diputado de Sumar, matizó que la aprobación de hoy llega con 20 años de retraso, y que debe de dar paso a una AP-9 pública de nuevo y libre de peajes, circunstancia que aseguró es posible si en lugar de pagar a la concesionaria los 4.000 millones de euros que debe de recibir hasta el año 2048 a cambio de las bonificaciones y rebajas de peajes existentes se procede al rescate del contrato concesional. Lago indicó que el valor de la AP-9 ronda los mil millones de euros, y los fondos de inversiones dueños de la concesión recibirán solo por compensación de las bonificaciones cuatro veces más.
«Hai que ter moita cara para dicir que traballan por conseguir a transferencia e despois votar en contra», valoró por su parte Patricia Otero, quien recriminó a los populares la ampliación del contrato de la AP-9 en los 25 años que ahora atraviesa, coincidiendo dicha decisión además, recalcó, con el mandato de Alberto Núñez Feijoo al frente de la Consellería de Política Territorial de la Xunta sin que mostrase su oposición a la prórroga o más adelante al bloqueo que sufrió el debate sobre el traspaso de la autopista en el Congreso durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Xunta dice que las condiciones del traspaso son «unha hipoteca para Galicia»
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, reaccionó a la aprobación del traspaso de la AP-9 en la Comisión de Transportes del Congreso advirtiendo que sus condiciones son las de una «transferencia outlet, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda a Pedro Sánchez e supón unha hipoteca para galegos e galegas que, por suposto, non podemos asumir».
Martínez Allegue apeló a recuperar el texto remitido en cinco ocasiones por el Parlamento gallego, del que recordó fue siempre aprobado por unanimidad por todas las formaciones con representación autonómica. «Esa unanimidade vese agora rachada. O BNG e o PSOE, xunto con Sumar, un partido que nada ten que ver con esta comunidade autónoma, decidiron romper esa unanimidade», dijo la conselleira. Según su análisis Galicia correrá el peligro de asumir costes que se evitaban con el texto aprobado por el Parlamento gallego. «Pretenden que asumamos un incremento tarifario que non nos corresponde; pretenden que asumamos bonificacións que non nos corresponden, e pretenden tamén que asumamos as posibles consecuencias da posible nulidade das prórrogas que se está a dictaminar na Comisión Europea», reaccionó Martínez Allegue