La conselleira de Vivenda reclamó ayer a PSdeG y BNG que mantengan el acuerdo aprobado en el Parlamento gallego: «Galicia quere a transferencia, pero non a calquera prezo»
04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La conselleira Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, compareció ayer en el Parlamento para reclamarles a PSdeG y BNG que mantengan el acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia sobre el traspaso de la AP-9 frente al pacto entre socialistas y nacionalistas en el Congreso. La semana pasada, PSOE, BNG y Sumar aprobaron un texto en la ponencia de la Cámara Baja que tramita el traspaso de la infraestructura, que, según advirtió Allegue, incluye «unha cláusula trampa» que «lastra a situación económica de Galicia». La conselleira alertó de que el texto deja fuera «aspectos moi importantes» para la comunidad.
Según expuso en respuesta al diputado popular Roberto Rodríguez, lo acordado en el Congreso omite la obligación del Estado de asumir futuras actuaciones e inversiones en la AP-9, algo que sí recogían las iniciativas aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego. «Galicia quere a transferencia, pero sobre a base da vontade expresada na Cámara, non a calquera prezo», continuó la responsable de infraestructuras del Gobierno autonómico. En esta línea, detalló que la ponencia del Congreso tampoco recoge que el Estado asuma la supresión de la aplicación del incremento de tarifa del 1 % acumulativo anual, «unha carga inxusta para os usuarios» que se suscribió para que la concesionaria Audasa recupere, hasta el 2038, la inversión realizada en la ampliación del puente de Rande y el vial a su paso por Santiago.
«O texto elimina as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas pola Unión Europea», señaló Allegue sobre el procedimiento abierto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea considera ilegales las prórrogas concedidas por el Gobierno del popular José María Aznar a la concesionaria hasta el 2048.
Más recursos
Martínez Allegue volvió a reclamar en su intervención que se deje el texto del Parlamento tal y como fue encargado, y recordó que la transferencia de la autopista debe ir acompañada «dos recursos económicos necesarios para a súa xestión». La conselleira detalló que, de los 213 millones de euros que ingresó la concesionaria el año pasado por la AP-9, 145 procedieron de los usuarios, frente a los 86 millones aportados por el Estado a través de las bonificaciones que aplica a los peajes. «Un 63 % que pagan os usuarios fronte a un 37 % de bonificación do Estado, que pagan os españois», subrayó.
Allegue denunció que lo pactado en el Congreso es «un dardo envelenado» debido al «custo económico» que puede suponer para las arcas públicas de Galicia. Así, pidió que «unha reivindicación de país» no se convierta «nun instrumento de negociación partidista, nin naza da improvisación, nin dun acordo pechado».