PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG sacan adelante que se garantice la atención presencial a cualquier ciudadano aunque no cuente con reserva de turno
28 may 2026 . Actualizado a las 14:41 h.El Gobierno central tiene desde hoy ante sí la petición expresa de la mayoría del arco parlamentario nacional para poner fin a la cita previa obligatoria en la atención de todos los organismos, instancias y negociados de la Administración General del Estado. Los diputados del PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG secundaron una proposición no de ley presentada por el grupo popular en la que insta al Ejecutivo a acabar con una exigencia que sigue activa en instancias como el Servicio Público de Empleo (SEPE), la Seguridad Social, la DGT entre los organismos más remisos a atender sin cita concertada cualquier gestión que se plantee.
En total, la proposición del PP contó con 186 votos a favor, y 159 en abstenciones, las consignadas desde los escaños del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, así como solo dos votos en contra emitidos por sendos diputados de Sumar.
Además de eliminar la cita previa como requisito obligatorio y que se garantice la atención presencial, la iniciativa del PP exige al Gobierno que adopte las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial con la telemática y la cita previa voluntaria, «asegurando, en todo caso, la accesibilidad universal y la igualdad efectiva en el acceso a los servicios públicos». El texto aprobado advierte que «en ningún caso» la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligatoriedad de la cita previa como condición exclusiva para ser atendido presencialmente, al margen de que la Constitución obliga a los poderes públicos a «remover los obstáculos que impiden o dificulten la plenitud de los derechos». Advertían los diputados populares firmantes que la imposición de un sistema de cita previa obligatoria es un obstáculo efectivo al ejercicio de los derechos administrativos.
A mayores de la obligatoriedad en la obtención de la cita previa en diversas instancias de la administración, los diputados alertan de que también su obtención «es extraordinariamente compleja» y con demoras prolongadas, lo que hace que surjan muchas situaciones de vencimiento de plazos. «Es inasumible que, según los últimos datos de los colegios de gestores administrativos, en un 80 % de los trámites ante la Administración Central no se ofrecen citas disponibles y cuando hay se conceden con más de 15 o 20 días de espera», concretó en la defensa de la proposición el diputado popular Ángel Ibáñez Hernando. Tanto él como otros diputados como Ione Belarra, hicieron constar la existencia de un mercado negro de citas previas en España, que Ibáñez aseguró tienen tarifas de hasta 100 euros por turno reservado.
El PSOE, que ofreció sumarse a la iniciativa del PP con diversas modificaciones de la propuesta, que no serían aceptadas por el partido proponente, aseguró que desde la expansión de la cita previa durante la pandemia, se ha ido recuperando su carácter voluntario. Aún así, los socialistas aseguraron que el Gobierno está trabajando en eliminación de su obligatoriedad, prometida desde enero del 2024 por el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. «Compartimos la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los servicios públicos sin dificultades, garantizando la elección del canal de relación entre la administración y los ciudadanos, eliminando los obstáculos que dificulten dicho ejercicio, potenciando los mecanismos de asistencia y coordinación que favorezcan el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad», aseguró el diputado socialista José Losada Fernández. El PSOE, en todo caso, echó culpa de las estrecheces de los servicios de atención ciudadana a los recortes de la plantilla pública llevados a cabo durante el Gobierno de Mariano Rajoy.