Funcionarias del ámbito social denunciarán este miércoles en el Parlamento el bloqueo de su carrera profesional
GALICIA
Psicólogas y trabajadoras sociales califican su situación de «grave e injusta» tras 14 años sin movilidad y un concurso «recortado» por errores administrativos que les impiden acceder a plazas de mayor nivel
21 abr 2026 . Actualizado a las 18:50 h.Psicólogas y trabajadoras sociales de la Xunta denunciarán este miércoles en la Cámara gallega el bloqueo de su carrera profesional tras 14 años sin movilidad y un concurso «recortado» por errores administrativos. El personal técnico facultativo del ámbito social califica su situación de «grave e injusta» y asegura que su colectivo está sufriendo los repartos de plazas, por lo que se concentrará este miércoles por la mañana frente al Parlamento. La parlamentaria socialista Patricia Iglesias preguntará al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, por este conflicto.
Aunque el último concurso de traslados se convocó en el 2012 (mientras que en otros sectores como el de la educación o la sanidad hay habitualmente concursos todos los años), explican que una parte importante de los trabajadores lleva en la práctica hasta 18 años sin posibilidad real de movilidad. Es el caso de Paula Souto, psicóloga con cerca de dos décadas de experiencia. Durante todo este tiempo, señalan que la única alternativa han sido mecanismos temporales como adscripciones o comisiones de servicio, limitando seriamente su desarrollo profesional.
«Nos ha dificultado la movilidad, la conciliación y el acceso a otras plazas de mayor nivel. Somos las personas más preparadas por nuestra experiencia y nuestra formación», afirma Souto. El concurso actual, por el que llevan esperando más de una década, se ha visto además afectado por la retirada de numerosas plazas tras sentencias judiciales. Afirman que esto puede impedir que muchas de esas plazas vuelvan a ofertarse, dejando al personal sin opción a acceder a ellas. «El problema no es solo que llegara tarde, sino que ahora también llega incompleto», señalan desde el colectivo.
La situación se agrava en servicios especialmente sensibles, como el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) o en los juzgados de menores. Allí afirman que hay plazas de alta responsabilidad que fueron adjudicadas sin haber sido ofertadas previamente en concurso público al personal técnico de mayor experiencia y formación. «A personas que tienen la máxima puntuación por antigüedad y formación», dice Paula Souto. Ante este escenario, el colectivo plantea una solución clara: duplicar las plazas afectadas, una medida ya aplicada por la propia Xunta en la escala técnica de ciencias tras un conflicto similar, en cumplimiento de un compromiso del conselleiro de Facenda.
Advierten además de que los servicios de intervención social arrastran desde hace años una sobrecarga de trabajo estructural, con plantillas tensionadas y alta demanda, por lo que la ampliación de plazas no solo repararía el perjuicio causado, sino que mejoraría la atención a la ciudadanía.
El personal del ámbito social reclama una solución urgente, con el acceso a todas las plazas de mayor nivel y especialización, y denuncia que está teniendo que asumir costes económicos y judiciales para defender derechos que consideran básicos, ante lo que califican como un «funcionamiento anormal» del sistema de provisión de puestos en la Xunta. Desde la Consellería de Facenda explicaban en marzo que «a Administración autonómica está a desenvolver o procedemento do concurso de traslados conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade».