El Gobierno central vigilará si el plan de control de bajas laborales de Rueda invade competencias estatales
GALICIA
Pedro Blanco reclama «no criminalizar» a los trabajadores y reclama que sea la sanidad gallega la que agilice su atención
22 abr 2026 . Actualizado a las 15:16 h.El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, manifestó este martes que el Ejecutivo central estará «vixiante» sobre el plan de control de bajas laborales fraudulentas que prevé desarrollar la Xunta, y que actuará «con toda a contundencia que sexa necesaria» si detecta que la medida propuesta la semana pasada invade competencias. «Creo que a vicepresidenta segunda do Gobierno foi clara, e no momento en que teñamos información haberá que actuar en consecuencia», sentenció Blanco, recordando las palabras de la también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocer la medida.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Blanco advirtió, además, que «non se pode criminalizar os traballadores e traballadoras que están nunha situación de incapacidade temporal certificada por un médico do Servizo Galego de Saúde», y añadió que, a su modo de ver, lo necesario es un plan que «axilice todo o que respecta a atención diagnóstica e sanitaria».También señaló que el Gobierno seguirá de cerca la aplicación de la medida para comprobar que no se invaden competencias que le corresponden al Ejecutivo.
En relación a la situación de las bajas laborales, Blanco consideró que «hai que atallar outras cuestións» y que las bajas son multifactoriales, porque en ellas influyen cuestiones como el envejecimiento o los retrasos de diagnóstico. «Imos esperar a que se poña en marcha e actuaremos en consecuencia, ademais, con toda a contundencia necesaria», recalcó durante la visita a las instalaciones de Coregal, en Santiago. Sus declaraciones llegan un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda —que anunció la semana pasada la medida en el debate del estado de la autonomía—, advirtiese que su intención era «seguir adiante» para atajar un problema que, a su juicio, afecta a la productividad en Galicia.