Besteiro acusa a Rueda de gobernar por inercia y cuestiona la política de bonos de la Xunta
GALICIA
El líder del PSdeG advierte sobre la falta de respuestas del Gobierno autonómico frente a los problemas de vivienda, sanidad, política social o infraestructuras
08 abr 2026 . Actualizado a las 20:18 h.«Nin pegada, nin rumbo», comenzó José Ramón Gómez Besteiro su examen a la gestión de Alfonso Rueda durante el debate de autonomía. Sintetizó esa labor de gobierno en «administrar a inercia» e impulsar «melloras para uns poucos, os de sempre». El secretario xeral del PSdeG cuestionó la política de bonos de la Xunta, bromeando con presentar un bono gobierno para gestionar los problemas de los gallegos, y transformó así el lema Galicia Calidade por Galicia Caridade.
Avanzó en su discurso parte de las propuestas de resolución que presentarán el viernes, como un plan de choque contra las listas de espera en el Sergas, un impulso decidido en planificación eólica, archivar el proyecto de Altri o negociar la quita de la deuda.
Besteiro hizo un repaso «directo, sen rodeos» de los principales problemas que afectan a los gallegos, articulándolos con las respuestas que brinda su partido. Empezó así con la vivienda, recordando que las familias dedican más de la mitad de sus salarios al alquiler o el constante incremento en el número de demandantes de vivienda pública. Frente a ello, y la baja ejecución de inmuebles protegidos que le reprochó, planteó la creación de un banco público de alquiler.
Siguió con la sanidad, enumerando las listas de espera, el colapso de la atención primaria o la falta de planificación para suplir las vacantes por jubilación. Besteiro recuperó una de las promesas electorales de los socialistas gallegos en las elecciones del 2024: blindar por ley la atención médica en menos de 48 horas. En materia de enseñanza pública, propuso un plan de choque de empleo y de infraestructuras educativas; y en política social, habló de «un fracaso que ten consecuencias reais na vida da xente». En este ámbito, acusó a la Xunta de asfixiar a los concellos por cargarles de gastos como la gratuidad de las escuelas infantiles o financiando parte del servicio de ayuda en el hogar (SAF). En esta línea, pidió al Gobierno gallego que frene la ley de administración local que se debatirá pronto en el Parlamento, y que calificó como un «negocio redondo para a Xunta» y un «déficit enorme» para los ayuntamientos.
Se cuestionó, retórico, si la Xunta tiene alguna política industrial. Terminó respondiéndose al asegurar que no hay ningún proyecto real desde el Gobierno gallego. Puso como ejemplo la planta de Altri en Palas de Rei. «Peche definitivamente este proxecto», le instó. También denunció que no existe planificación en materia energética, y apostó por un cambio de rumbo que convierta a Galicia en líder de la transición energética, eólica marina incluida, una cuestión a la que el BNG se opone de plano.
Y en infraestructuras, descartó pedir la transferencia de la AP-9, bloqueada en el Congreso, pero situó como prioridad que la autopista sea gratuita. Una gratuidad que reclamó para las autovías autonómicas. También lanzó una pregunta al presidente, después de reprocharle que no tenga un modelo aeroportuario conjunto: «Cre vostede que hai que pechar algún aeroporto en Galicia?».
Igualdad, financiación e incendios
El secretario xeral del PSdeG afeó a Rueda que no mencionase a la violencia machista ni las políticas de igualdad en su discurso de la mañana, en el que habló sobre financiación autonómica durante solo diez segundos, criticó. Denunció, además, que la Xunta no haya aprobado aún el Pladiga para este verano cuando ya se están consumiendo cientos de hectáreas en los montes gallegos. «Se Galicia volve arder, non será unha sorpresa nin unha fatalidade. Será a súa responsabilidade», advirtió.
Besteiro trajo al Parlamento la proclama del No a la guerra que recuperó el PSOE, e instó a Rueda, como el presidente Pedro Sánchez hizo en el Congreso con el popular Alberto Núñez Feijoo, a sumarse «sen peros» ni «matices interesados». Lamentó así las medidas desde la Xunta con su paquete de ayudas de 157 millones de euros, que consideró cosméticas, frente al desembolso de otras comunidades, como País Vasco o Cataluña.