El PP pregunta en el Senado sobre los recursos de inconstitucionalidad contra cambios legales en materia de dependencia y energía eólica
GALICIA
El Gobierno central recuerda que ambas administraciones mantuvieron conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo y que hay fundamentos jurídicos para impugnar
05 abr 2026 . Actualizado a las 17:58 h.El PP ha preguntado al Gobierno, a través del Senado, sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra diferentes preceptos de la ley de acompañamiento de los presupuestos de Galicia del 2025, en concreto, los que afectaban a los últimos cambios legales de la Xunta en materia eólica —incluida la repotenciación— y los relacionados con el reconocimiento de dependencia y discapacidad a la vez.
En una pregunta registrada por los senadores lucenses del PP, consultan al Ejecutivo central por qué «busca suspender el modelo gallego de simplificación de trámites» en dependencia. En su argumentación destacan que esa simplificación «ha llevado a más de 12.600 gallegos con dependencia a obtener en los últimos doce meses el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de someterse a una nueva valoración».
Así, preguntan al Gobierno si «es consciente» de que está «saboteando un plan de choque» con el que «se conseguía el doble objetivo para el que fue diseñado: incrementar el número de personas atendidas y hacerlo en el menor tiempo posible».
En cuanto a la repotenciación eólica, los políticos populares reprochan al Gobierno que el recurso provoca que «los 16 parques susceptibles de ser repotenciados en Galicia pasen de tener 572 a 112 molinos (un 80% menos)».
Del mismo modo, se preguntan por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez «valora negativamente» un sistema que «suponía la obligatoriedad de reducir el número de aerogeneradores y sustituirlos por otros más modernos y potentes, en el caso de los parques de más de 25 años».
El Gobierno recuerda que hubo negociaciones previas
En la respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, este recuerda que ambos recursos se interpusieron de conformidad con lo que marca el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) sobre recursos de inconstitucionalidad. Y recuerda que antes de llegar a eso, la Administración estatal y la autonómica mantuvieron negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo y evitar llegar al alto tribunal.
El Ejecutivo central también recuerda que en ambos temas la Comisión Permanente del Consejo de Estado apreció fundamentos jurídicos suficientes para su impugnación ante el Tribunal Constitucional, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al anunciar la presentación de los recursos.
La respuesta de La Moncloa también remite a los senadores del PP a la intervención que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hizo el pasado 17 de marzo en el Senado. Entonces respondió a las críticas sobre estos recursos señalando que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió en tres ocasiones normas de la Xunta presidida entonces por Alberto Núñez Feijoo, mientras que el actual Ejecutivo lo ha hecho en dos respecto al de Rueda, pese a llevar más tiempo. «Si alguien maltrata a la Xunta, son ustedes», aseveró el ministro, que defendió también que los recursos responden a criterios técnicos y forman parte del funcionamiento ordinario del Estado autonómico.
Suspensión levantada mientras no se resuelve
Aunque los dos preceptos de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2025 siguen recurridos, de momento pueden aplicarse de manera provisional, después de que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, decidiese el pasado mes de febrero levantar la suspensión provisional de los artículos referidos. La suspensión se había decretado al ser admitido a trámite en enero el recurso del Ejecutivo central, que consideraba que los artículos en cuestión invadían sus competencias.
Más tarde el TC, partiendo de la presunción de constitucionalidad de la ley gallega, y sin entrar en el tema de fondo del recurso, constató «la ausencia de perjuicios irreparables para el interés general o particular en cada uno de los preceptos impugnados», por lo que levantó la suspensión de esos preceptos hasta que se decida sobre el fondo de la cuestión, algo que, presumiblemente, sucederá en los próximos meses.