El recurso del Gobierno ya afecta a los trámites de dependencia y la concesión de la discapacidad no es automática
GALICIA
La conselleira de Política Social envía una carta al ministro de Derechos Sociales y pide al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad, advirtiendo de sus «catastróficas consecuencias»
04 feb 2026 . Actualizado a las 18:42 h.El mismo día que el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Galicia publican la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso que afecta a los cambios legales de la Xunta en dependencia, la conselleira de Política Social ha enviado una carta al ministro de Derechos Sociales en la que le pide «que el presidente del Gobierno reconsidere la retirada de dicho recurso» dadas las «catastróficas consecuencias» de la paralización normativa. Fabiola García también le solicita formalmente a Pablo Bustinduy mantener un encuentro a la mayor brevedad posible para debatir este asunto.
El recurso del Gobierno —interpuesto el 30 de septiembre del año pasado contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos del 2025— ya está afectando a los trámites de dependencia y la concesión de la discapacidad ya no es automática. Queda anulada la homologación que permitía pasar de dos trámites a uno. Desde la Xunta afirman que las que se han concedido en estos meses no se revocarán. Afecta también a otra área sensible de gestión en el Ejecutivo gallego, como el desarrollo eólico.
En la misiva, la conselleira recuerda que su departamento puso en marcha en enero del 2025 «un ambicioso plan de choque con el objetivo de aligerar al máximo la atención a la dependencia y a la discapacidad». Durante su primer año de aplicación, dijo, sus resultados han sido «especialmente esperanzadores». En cifras, permitió que 12.626 personas con dependencia obtuvieran el reconocimiento de la discapacidad de forma automática; 4.063 dependientes de grado uno (33 % de discapacidad), 4.284 de grado dos (66 %) y 4.279 de grado tres (100 %). «Algo que ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una ambiciosa batería de medidas administrativas y a su correspondiente esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno gallego», afirmó.
La conselleira explica que este plan nació para atender «una justa demanda social» y con la misión de reducir la espera de los gallegos ante un proceso de valoración de la dependencia y la discapacidad. «No es una improvisación, sino una solución eficaz ante el problema de los innecesarios y redundantes trámites», defendió Fabiola García.
El plan contempla la homologación automática de la discapacidad a las personas dependientes: «La impulsamos tras constatar su evidente y directa correlación, una evidencia de la que, me consta, también es conocedor y que proyecta trasladar a la normativa estatal en un futuro, cuestión que celebro».
Ante el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y su admisión a trámite por parte del tribunal, que obliga a paralizar esta medida, Fabiola García traslada al ministro su «profunda preocupación» por las «catastróficas consecuencias que acarreará esta decisión». Así, le solicita como titular del Ministerio de Derechos Sociales que intervenga en el Consejo de Ministros «para que el presidente reconsidere la retirada de dicho recurso que tanto perjuicio está ocasionando y ocasionará a los gallegos y gallegas».
Desde Agasede, la asociación gallega del sector de la dependencia, trasladan su «profunda preocupación y decepción» tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el plan de choque para agilizar la atención a personas en situación de dependencia y discapacidad de la Xunta, al admitir a trámite el recurso del Gobierno. Explican que así se había logrado avanzar en la agilización de las listas de espera, reduciendo los tiempos de tramitación y permitiendo que los gallegos viesen reconocidos de manera automática su grado de discapacidad al mismo tiempo que su situación de dependencia.
«La atención a la dependencia no puede verse supeditada a disputas políticas o jurídicas que retroceden en los derechos de las personas más vulnerables. Miles de gallegos se beneficiaron de esta simplificación y ahora vemos con inmensa tristeza que se frenan avances que ya estaban dando resultados palpables», afirman desde Agasede.