Las obras de la AP-9 en Santiago y Rande generan 83 millones de euros en intereses y peajes extras para Audasa
GALICIA
La comunicación de la concesionaria al mercado de valores alude a la posibilidad de que el Estado rescate la concesión de la AP-9
15 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión del Gobierno central de hacer adelantar a Audasa la inversión necesaria para ampliar el puente de Rande y la AP-9 a su paso por Santiago está generando en favor de la concesionaria de la autopista una cuantiosa factura a pagar por los usuarios del vial y las arcas del Estado. El saldo de esa deuda con Audasa ascendía al cierre de septiembre pasado a 366,5 millones de euros por unas obras que el Gobierno de Mariano Rajoy cifró en el momento de su inauguración a finales de 2017 en 291,2 millones.
En enero del 2018 los peajes de la AP-9 empezaron a experimentar una subida de un 1 % extra y acumulativo durante 20 años para devolver a la concesionaria lo invertido en las dos ampliaciones. La contabilidad de Audasa reflejaba que la deuda pendiente con ella al cerrar ese año era de 283 millones y subía solo un año después a 311,4 millones, pues aunque los usuarios de la AP-9 afrontaban ya el 1 % extra en los peajes para abonar dicha factura, las cantidades pendientes están sometidas hasta su cancelación a un 8 % de intereses.
Una
nueva emisión de obligaciones lanzada el jueves por Audasa actualiza la cifra que reclama por las obras de Rande y Santiago incrementándola ahora en 83,5 millones respecto a la primera cantidad notificada en el 2018. Y advierte la concesionaria que aunque está autorizada a subir en un punto y durante veinte años los peajes por encima de los precios del sector para compensar lo invertido en las obras, dicho incremento podrá ser incluso aumentado en tiempo e importe en función del volumen de tráfico que vaya registrando y la evolución del IPC. La emisión de obligaciones ahora puesta en marcha por Audasa revela también por primera vez cómo se reparte el accionariado de la sociedad matriz Itínere desde la entrada del fondo suizo Swiss Life, que resulta ser poseedor del 25 % de la entidad, mientras que el resto lo maneja el fondo de pensiones holandés APG.
La comunicación hecha por la concesionaria al mercado de valores alude esta vez a la posibilidad de que el Estado rescate la concesión de la AP-9. Pero advierte que debería ser compensada, «indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda», apunta la empresa que debe en este momento 1.052,2 millones de euros. Añade que por ley el Gobierno tendría que acreditar que su gestión directa «es más eficaz y eficiente que la concesional».