La Xunta exige más vivienda protegida en propiedad en el nuevo plan estatal

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal problema de los españoles. La herramienta del Gobierno de Pedro Sánchez para abordarlo es un nuevo plan estatal 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros. El 60 % será aportado por el Estado y el 40 %, por las comunidades, que tienen muchas dudas sobre el documento. El borrador les fue presentado el 2 de octubre, en una conferencia sectorial a la que asistió la consellería de Vivenda, María Martínez Allegue. Examinado el texto, la Xunta ha presentado alegaciones a 39 de los 105 artículos del plan. Se centran en mejorar la financiación, flexibilizar los programas de ayuda, impulsar la construcción de vivienda protegida en venta, financiar el desarrollo de suelo para pisos protegidos, suprimir la financiación extra para las zonas tensionadas o reactivar proyectos financiados con fondos europeos.

Las dudas no se limitan a las comunidades. En el Congreso, ERC, PNV, Junts y Podemos pusieron pegas al plan de la ministra Isabel Rodríguez. También PP y Vox. Incluso Sumar, que forma parte del Ejecutivo, lo calificó de «insuficiente» y falto de «audacia» ante la «urgencia» de la situación.

La Xunta coincide en ese diagnóstico. Sus alegaciones lamentan que el plan no llegará a tiempo para el 2026 —de hecho su artículo 6 libera a las comunidades de financiarlo ese año—, aunque el anterior caducar el 31 de diciembre. El retraso, a ojos de la Xunta, es «inconcebible e injustificable». No deriva de interferencias de las comunidades, porque «no fue debatido en ninguna comisión multilateral» y la anterior conferencia sectorial data del 3 de octubre del 2024. Todo ello cuando, según el texto, hay un «déficit estructural» de 400.000 viviendas en España, de que los hogares destinan «más del 35 % de su renta» a pagar uno, y de que esas y otras dinámicas alimentan «una creciente fragmentación social».

Los planes de financiación prevén que la Xunta quintuplique su aportación desde 6,2 a 32 millones. El Estado la triplicará de 20,6 a 47,9 millones. El Gobierno gallego está «dispuesto a asumir» el incremento, pero «no puede ser que todos lo programas sean diseñados por el Estado sin atender a las propuestas de la comunidad». Esas medidas deben «ajustarse a las necesidades de Galicia», por lo que reclama que las comunidades puedan decidir a qué programas asignan sus fondos, como sí puede hacerlo el Gobierno central.

Esa crítica enlaza con la excesiva rigidez del texto, que fija los programas, los requisitos de documentación y plazos e incluso «cómo contratar los proyectos de obras y baremar las licitaciones», lo que la Xunta ve «absurdo».

Vivenda también hace propuestas de mejora. La principal es que se incluya un programa para financiar la «adquisición y urbanización de suelo residencial» para destinarlo a «vivienda protegida por los promotores públicos y la urbanización del suelo por los promotores privados».

También plantea que las ayudas para ampliar el parque público puedan destinarse a viviendas de promoción pública de alquiler y venta, no solo de las primeras, ya que ahora los inmuebles no pierden su condición de protegidos, con sus requisitos de acceso y limitación de precio.

Otra propuesta es ampliar las ayudas a la compra de viviendas por jóvenes a todos los núcleos de población sin limitarlas a los de menos de 10.000 habitantes.

Las zonas tensionadas

La Xunta se opone a los artículos que prevén dar mayor financiación a las zonas de mercado residencial tensionado, una figura que limita los precios y que las comunidades del PP consideran perjudicial para ampliar la oferta de alquiler. En Galicia, esa figura solo está vigente en A Coruña, aunque Santiago también está tramitando la declaración.

El Gobierno gallego considera que esa discriminación «penaliza otras iniciativas», y plantea si no hace más esfuerzo un concello que pone suelo público en condiciones para promover viviendas protegidas que otro que se limita a declarar zonas tensionadas.

El ministerio dejará sin fondos a quien inaugure sin su permiso

El borrador del plan también incluye un artículo, el 105, que amenaza de forma expresa a las comunidades con «suspender total o parcialmente las transferencias de fondos» del plan. Podrá hacerlo cuando las comunidades hagan «inauguraciones, presentaciones públicas, actos de puesta de primera piedra o similares» de obras financiadas con fondos del plan «sin la presencia o autorización del Ministerio de Vivienda».

El artículo señala además que las comunidades deberán «comunicar al ministerio, de forma fehaciente y con una antelación mínima de 20 días» la inauguración o el acto en cuestión. Si incumplen, el ministerio podrá cortar los fondos. El artículo no indica vías para que la comunidad alegue contra esa decisión.

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