La Xunta no recibirá fondos del Gobierno si se niega a asumir las 23 paradas que dejarán de atender los autobuses estatales
GALICIA
Transportes asegura que, en caso de que no haya acuerdo con la comunidad autónoma, será el ministerio el que asuma los tráficos
17 jun 2025 . Actualizado a las 18:45 h.El Gobierno prevé incluir el nuevo mapa de concesiones de transporte de viajeros en autobús en la futura Ley de Movilidad Sostenible, con transferencias de fondos a las comunidades autónomas con las que se cierre un acuerdo para asumir los tráficos que dejen de prestar los buses estatales. El Estado, por su parte, asumirá aquellas líneas en comunidades autónomas que no acepten un acuerdo con el Ministerio de Transportes, aunque a estas no les cederá fondos, y se mantendrán todas las paradas actuales. En Galicia está previsto suprimir 23 paradas que afectarían a unos 130.000 gallegos. Supondrá que, con o sin acuerdo con las comunidades autónomas, no se perderá una sola parada respecto a las del mapa concesional actual. Aunque será necesario realizar transbordos en algunos casos.
Así, en aquellas comunidades que acepten el acuerdo se establece un sistema de financiación «claro y con criterios transparentes», y se negociarán con cada una de ellas los tráficos que asumen y la financiación, que tendrá una base de cálculo ya establecida, explicaron fuentes del Gobierno a Efe.
El texto de las enmiendas pactadas determina que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible deberá estar aprobado el nuevo mapa concesional, que incluirá la relación de todos los servicios de transporte público regular de personas por carretera de ámbito estatal.
El Gobierno preguntará a las comunidades autónomas si, en los tráficos que circulen íntegramente en sus territorios, aceptan la segregación como servicio independiente de competencia autonómica, y sobre los posibles nodos de intercambio de su red concesional con el mapa estatal para prestar el servicio íntegro al viajero. La comunidades deberán destinar los fondos recibidos exclusivamente a financiar servicios de transporte público de viajeros que anteriormente estaban cubiertos por el servicio estatal.
Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario, pero se atenderá también a la función de conexión territorial, con paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no disponen de otro transporte alternativo.
Los textos pactados establecen también que en el plazo de dos años, a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar licitados los contratos de todas las concesiones estatales incluyendo los que, en su caso, no hayan sido aceptados por las comunidades autónomas.
Un sector con casi 3.000 empresas
El transporte de viajeros por carretera es un sector muy atomizado, con unas 2.800 empresas tras la pandemia de covid -que hizo desaparecer un 10 % del tejido- y unos 95.000 empleos directos. Funciona con un sistema de concesiones públicas, algunas de ellas de hace más de 50 años y caducadas hace años, según el cual las distintas rutas se operan en régimen de monopolio por el adjudicatario.
El mapa de estas concesiones es el que está ahora en revisión. En el ámbito estatal se pretende pasar de los 77 contratos actuales -que atienden 4.146 paradas en 1.840 municipios- a 22 concesiones, con 3.285 paradas en 792 municipios. Actualmente el servicio es atendido por 1.020 vehículos, con una edad media ligeramente superior a siete años y 68.574 kilómetros recorridos, con una longitud media de 890,6 kilómetros por concesión, según las cifras de Transportes.
El volumen global de viajeros transportados en 2022, últimas cifras publicadas, ascendió a 23,3 millones, con un recorrido medio de 187 kilómetros por viajero y una ocupación media por vehículo de 29 personas.
El Ministerio de Transportes entiende que la liberalización y la competencia se puede producir por dos vías: bien «por» el mercado (como en el caso de las concesiones, donde los aspirantes compiten entre sí para ganar el concurso) o «en» el mercado. La primera es la opción del Gobierno, y también de la mayor asociación del sector, Confebus (en la que están los grandes como Alsa, Arriva y Avanza, entre otros), que defienden que para ganar las licitaciones es preciso presentar ofertas competitivas.
Mientras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y asociaciones como Direbus y Anetra apuestan por un entorno liberalizado en el que los agentes se ganen sus cuotas en función de la oferta que sean capaces de presentar a los viajeros, tal y como ya se hace en cinco países de la UE.