La transferencia es la primera en casi 17 años y se hará efectiva el 1 de julio
13 may 2025 . Actualizado a las 19:37 h.El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se transferirán las funciones y servicios del Estado en materia de gestión del litoral a Galicia. El acuerdo se hará efectivo el 1 de julio, como acordaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, en abril. Es la primera cesión de una competencia estatal a la comunidad autonóma desde hace casi 17 años.
El Gobierno considera que el traspaso es «un paso importante» en la consolidación del «nuevo modelo» de gestión del dominio público marítimo terrestre que se inició con Cataluña y Andalucía en los años 2006 y 2007, a las que siguieron Canarias, Baleares y País Vasco.
A pesar de ello, el Ejecutivo rechazó en principio el traspaso. Solo dio el visto bueno cuando la Xunta aprobó una norma para asumir esas competencias, la ley del litoral, y fue avalada por el Tribunal Constitucional.
El real decreto enumera entre las funciones y servicios cedidos los títulos de ocupación y uso del dominio público, las autorizaciones de usos de temporada en las playas y el mar territorial, y las de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad.
También se transfieren las autorizaciones de ocupación del dominio público con instalaciones desmontables o bienes muebles, y las que se otorguen en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.
Se incluyen además las concesiones demaniales regladas mediante el artículo 64 de la Ley de Costas, incluida la gestión, registro, emisión del informe previo a su rescate, y la potestad sancionadora.
Otra materia traspasada son las obras en el litoral de la comunidad que no sean de interés general.
El Estado mantendrá la competencia para fijar el canon por utilización del dominio público marítimo-terrestre. También la titularidad sobre los derechos económicos por esos usos, aunque la comunidad pueda establecer otros cánones por explotación. Además la Administración general conserva la gestión de las concesiones demaniales cuando haya una razón de interés general, y la potestad sancionadora derivada de la titularidad estatal del dominio público cuando no derive de infracciones bajo competencia de la Xunta.
El decreto conforma además mecanismos de cooperación para funciones concurrentes, como construcción de puertos e infraestructuras, cumplimiento del régimen general del dominio público, sanciones e inversiones de interés general.
Finalmente, el traspaso incluye además 11 vehículos y 36 puestos de trabajo, 17 de personal funcionario y 19 de personal laboral.