La Xunta cree que la nueva ley de universidades que limitará las privadas invade competencias autonómicas

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

César Quian

Las comunidades gobernadas por el PP avisan de que el decreto podría crear inseguridad jurídica si tiene efectos retroactivos, mientras la ministra insiste en poner freno a la expansión de instituciones privadas «de garaje y mala calidad»

09 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Ayer por la tarde el Gobierno reunía a las comunidades en la Conferencia General de Política Universitaria para abordar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, remarcaba a su entrada la «apuesta irrenunciable» por los centros públicos y su buena financiación, al tiempo que defendía «poner freno» a la expansión de instituciones privadas «de garaje y mala calidad» que ven «en un título universitario un negocio».

Las comunidades gobernadas por el PP avisan de que el decreto, que endurece la creación de nuevas universidades y afecta a los procedimientos que estén abiertos y que todavía no recibieron el informe preceptivo de la conferencia, podría crear inseguridad jurídica si tiene efectos retroactivos, y algunas lo recurrirán. También el Gobierno vasco rechaza el documento, desmarcándose del Partido Socialista de Euskadi (con quien gobierna en coalición) al considerar que el nuevo decreto «altera el régimen jurídico universitario».

La postura de la Xunta sobre la nueva ley también es desfavorable. En primer lugar, explican, por su carácter de tramitación urgente: «No hay nada que lo justifique porque no concurre ninguna circunstancia extraordinaria que no se haya podido prever». Lo ven como «una artimaña del Gobierno para saltarse los controles». En segundo lugar, porque se hace a espaldas de las comunidades, que son las que ejercen las competencias para desarrollar el decreto. También por el impacto que tendrá en los presupuestos, ya que pese a que el documento asegura que no lo habrá, «es una cuestión absolutamente falsa». «El ministerio pretende aplicar una vez más la máxima de ‘‘yo invito, tú pagas''», afirman.

Critican desde la Xunta que el decreto se basa en indicadores de cantidad y no de calidad: «El Gobierno hace lo contrario de lo que predica, porque centra sus existencias en el número de alumnos, la cantidad frente a la calidad». Así, se trataría de un elemento que no es neutro, ya que afirman que tan solo por demografía este afectaría a Galicia y a comunidades más pequeñas, que serían discriminadas para tener una universidad privada.

Es también, según aseguran, una «invasión de competencias», ya que la norma entra en detalles de profesores, alumnos o requisitos financieros, por lo que «elimina de facto las competencias autonómicas al caparles la capacidad legislativa». La ideología, señalan, se impone a la lógica en un decreto que «generará el efecto contrario: incrementar la oferta de las universidades privadas».

El BNG critica a Inés Rey

Después de que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSdeG), apoyase el proyecto de la universidad privada Emilia Pardo Bazán impulsada por Cesuga en la ciudad, el BNG ha criticado la postura de Rey y el concejal nacionalista David Soto la instó a que «evite dar mostras públicas á creación de universidades privadas na Coruña». En su lugar, le pidió a la regidora que exija a la Xunta «un mellor trato ao sistema universitario público galego», revirtiendo específicamente la infrafinanciación de la Universidade da Coruña