Sanidade reclama al Estado 16 millones de deuda de la atención penitenciaria antes de asumir esa competencia

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

GALICIA

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una comparecencia en el Parlamento.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una comparecencia en el Parlamento.

La consellería quiere garantías de que la transferencia incluye los medios necesarios para prestar el servicio en las cárceles gallegas

17 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Consellería de Sanidade ha reclamado por carta a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que abone los casi 15,8 millones de euros que le adeuda por la asistencia sanitaria prestada a reclusos en centros penitenciarios ubicados en Galicia. 

La Xunta plantea que esa deuda se liquide antes de iniciar las negociaciones para la transferencia a la comunidad autónoma de las funciones y servicios de sanidad penitenciaria, que en la actualidad depende de la Administración general. De hecho, en su misiva, el Gobierno gallego recuerda que esa competencia está «claramente atribuida» al Estado, que debe velar por la vida, integridad y salud de los internos.

Pese a ello, el año pasado el Gobierno manifestó su disposición para iniciar las negociaciones sobre el traspaso de las competencias y servicios de sanidad penitenciaria. La consellería considera que antes es preciso resolver la deuda, ya que afecta de forma directa a la materia de negociación. Además, la carta subraya que es necesario dimensionar los medios y servicios que se traspasarán para garantizar su adecuada prestación.

En enero del 2024, la Xunta elaboró un procedimiento de actuación para cubrir la atención en las prisiones dada la falta de personal en las prisiones. El Ejecutivo gallego decidió actuar después de que en noviembre del 2023 el Gobierno informase al Congreso de que 20 de las 30 plazas médicas en las cárceles de Galicia estaban vacantes. Esas carencias, que no son exclusivas de Galicia y han provocado protestas en distintos puntos de España entre el personal, obligaban a la Administración central a recurrir a clínicas privadas, además de que el 061 afrontó un fuerte incremento de las llamadas para movilizar ambulancias y personal a los centros penitenciarios.