El Gobierno cede al País Vasco la gestión del litoral sin las trabas que impuso a Galicia
GALICIA
El traspaso a la Xunta sigue en una fase inicial después de siete meses de la sentencia del Constitucional que le dio la razón
29 nov 2024 . Actualizado a las 13:02 h.Pedro Sánchez tuvo el miércoles su tercer encuentro con el lendakari, Imanol Pradales (PNV), en los siete meses transcurridos desde las autonómicas vascas. Con Alfonso Rueda (PPdeG) ha tenido dos entrevistas en dos años y medio. Y la segunda fue en el marco de la ronda de contactos realizada por Sánchez con todos los mandatarios autonómicos. Rueda ha sido el único presidente elegido este año que no ha dispuesto de un encuentro exclusivo con Sánchez para tratar de los asuntos de la comunidad que gobierna. Esa frecuencia en las reuniones es sintomática. Sucede que el PNV es socio clave de la moción de censura e imprescindible en esta legislatura. Y que en el País Vasco, además, los socialistas son socios de coalición.
El encuentro con Pradales, celebrado en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente Estado-Euskadi, se tradujo en la transferencia de dos competencias al Gobierno vasco: ordenación y gestión del litoral, y cinematografía.
Las dos eran viejas reivindicaciones de la autonomía vasca. De hecho, en noviembre del 2023, en el marco de las negociaciones para la investidura, Pedro Sánchez formó un acuerdo con Andoni Ortúzar, presidente del PNV, por el que comprometía la cesión de varias competencias, entre ellas la de gestión del litoral.
Aquel pacto llamó la atención en la Xunta. El Gobierno central había rechazado hacer esa transferencia a Galicia, y había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del litoral aprobada por el Ejecutivo gallego. El principal argumento contra esa norma, que el Gobierno central llegó a describir como «casi una declaración de independencia», era que el Estatuto de Galicia no recogía las competencias sobre la costa. El texto de ambos estatutos de autonomía es igual en ambos casos. En el País Vasco no trascendieron condicionantes legales, sino que la transferencia fue vinculada al voto favorable a la investidura de los cinco diputados del PNV en el Congreso.
El conflicto por la ley gallega concluyó con una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en abril del 2024 que avaló la ley del litoral de Galicia. El dictamen rechazó la tesis del Gobierno de que era necesario modificar el Estatuto de Autonomía y desestimó 70 de las 72 impugnaciones presentadas por el Gobierno central.
Tras conocerse la sentencia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó la «falta de diálogo» y el «trato discriminatorio» del Gobierno central, que ahora lo dejan quedar en evidencia. Esto era perfectamente evitable». La Xunta pidió la cesión de las competencias y los medios. Casi siete meses después —tras una larga espera porque el Gobierno esperó a después del verano para iniciar el proceso—, la transferencia no se ha concretado; sigue en estado inicial tras aceptarlo finalmente Madrid.
Mientras, el País Vasco espera asumir en diciembre otras cuatro competencias: el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, autorizaciones de trabajo a personas extranjeras, salvamento marítimo y meteorología. Precisamente, la Xunta solicitó esta semana esas últimas competencias, ya que sin ellas no puede emitir alertas meteorológicas.
El Ejecutivo acepta cambios en su plan para el traspaso
Un día después del encuentro entre Sánchez y Pradales, ayer, tuvo lugar otro entre el Estado y la Xunta, pero fue telemático y de carácter técnico. En la reunión, el Gobierno aceptó modificar su propuesta para transferir la gestión del litoral, y retiró la exigencia de emitir un informe vinculante cada vez que la Xunta pretendiese otorgar una concesión de obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo terrestre.