Alega que fue Aznar quien prorrogó la concesión, pero lo hizo siendo pública
28 ago 2024 . Actualizado a las 12:49 h.La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace cuatro años al Gobierno de España que la última de las tres ampliaciones temporales de la concesión de la AP-9 a Audasa —para dejarla de pago hasta el 2048— incumplió la normativa legal europea. «España vulneró los principios generales de igualdad de trato y de transparencia al modificar y prorrogar la concesión de la autopista sin publicar un anuncio de licitación y sin organizar un procedimiento de contratación pública», mantiene el Ejecutivo comunitario en las dos advertencias de sanción emitidas hasta ahora desde Bruselas.
Ayer, a falta de un día de plazo para que el Gobierno español remitiese sus explicaciones a la capital comunitaria, el Ministerio de Transportes contestó al requerimiento tratando de hacer ver, por encima de otras consideraciones, que zanjar ahora la concesión de Audasa, a la que aún le quedan 24 años de negocio en Galicia por delante, provocaría un desembolso milmillonario para perjuicio de las arcas públicas, según fuentes conocedoras del proceso, sujeto a cláusulas de confidencialidad por el órgano comunitario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado a cifrar en 4.000 millones de euros el hipotético coste del rescate de la concesión, cifra a la que suma 2.600 millones más para su transferencia a Galicia.
Aunque la baza de tratar de evitar ese perjuicio a las cuentas públicas es filosofía central de la respuesta remitida a Bruselas, el Gobierno socialista incide en que sus argumentos técnicos se centran en volver a señalar de nuevo que la prórroga se hizo en el año 2000, cuando la concesionaria era una empresa del Estado. Y mantiene, en todo caso, que el Ejecutivo actual no tiene responsabilidad alguna, ya que fue decretada por José María Aznar como presidente y con Rafael Arias Salgado como ministro de Fomento.
Sin beneficiarios externos
De esta manera, el Ministerio de Transportes recupera la idea de que aunque no se hizo un concurso público para que se presentasen ofertas diversas y más ventajosas para continuar gestionando la autopista los 25 años a mayores, no se benefició a empresa privada alguna, ya que la sociedad que detentaba la concesión formaba parte del patrimonio del Estado a través de la empresa Enausa (Empresa Nacional de Autopistas).
Sin embargo, ese razonamiento ya había sido descartado por la Comisión Europea tras la motivación anterior efectuada por el Gobierno español. Bruselas estima que ni siquiera así se podría haber defendido la excusa in house, como se denomina el argumento de que todo el beneficio posible quedó dentro de la casa común de la Administración y recursos públicos. El Gobierno comunitario ya señaló a través de una larga carta del comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, que la prórroga de la concesión debiera, al menos, haberse extinguido en el 2003 cuando el mismo Ejecutivo de Aznar privatizó por 1.621 millones de euros la AP-9, comprada entonces por la constructora Sacyr.
Plan para venderla
La Comisión Europea estimó que la prórroga dada a la AP-9, que ya había obtenido otra de diez años con Felipe González y una más antes, de un año con la UCD, «aumentó considerablemente el precio o valor del contrato», justamente antes de proceder a la privatización de Audasa. «El verdadero objetivo de las prórrogas de la AP-9 y AP-66 era aumentar su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable», mantiene Bruselas.
En su respuesta de ayer, el Gobierno de Pedro Sánchez alega que «las políticas de movilidad y reequilibrio territorial» que asegura defender «van en la dirección contraria» a la decisión que llevó a la AP-9 y a sus usuarios a tener que soportar 75 años de concesión y pago de peajes, plazo que en toda España solo se da además en la citada AP-66 y en la gallega AP-53 (Santiago-Dozón). El Ministerio de Transportes incide ante Bruselas en la necesidad de «velar por el interés común» en el caso y evitar como ocurrió en una situación semejante en el municipio italiano de Lerici (región de Liguria) en el que la Justicia europea declaró nula la prórroga de la concesión de otra autopista, sentencia que motivó la denuncia presentada en los casos españoles por la plataforma de consumidores En Colectivo de Vigo.
La prórroga permitió nuevos tramos y zonas gratuitas, recuerda el Estado
El Gobierno socialista español reitera en su argumentación ante el Ejecutivo de la UE que está plenamente en contra de la ampliación del contrato de concesión otorgado por el PP en el año 2000, partido al que achaca toda la responsabilidad en el conflicto desatado a cuenta de la AP-9. Para reiterar esa posición, advierte a Bruselas que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se ha rebajado el coste de los peajes a los usuarios habituales del vial, con varias bonificaciones y congelación de la subida extra de un 1 % anual otorgada a Audasa a cambio de la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago.
Pero, además, la nueva argumentación con la que España trata de evitar la anulación de la concesión y una indemnización más que notable para Audasa aporta un enfoque nuevo: «La concesión de la AP-9 se amplió hasta el 2048 para compensar la construcción del tramo Fene-Ferrol de unos 9,1 kilómetros de longitud; la liberación del peaje para movimientos internos en el tramo Vigo-Teis-Puxeiros, y una consolidación de la rebaja de tarifas» que se decidió en el año 2000, pero que la UE ordenó recuperar en el 2012.
Tras señalar esa cuestión, el Gobierno español le plantea sus números a la Comisión Europea para tratar de demostrar que ya actúa para minimizar el impacto de la ampliación de la concesión y sus peajes hasta el año 2048.
Así, alude a que las bonificaciones implantadas en julio del 2021 en la AP-9 le han supuesto el ahorro de más de 127 millones de euros hasta final de junio del 2024 a sus usuarios, con una media de 3,6 millones de euros al mes. También destaca la carta avalada por los técnicos del Ministerio de Transportes que los conductores de los tramos Vigo-O Morrazo (puente de Rande) y A Coruña-Barcala se han ahorrado desde el 2018 hasta final del 2023 unos 83 millones de euros, al ser gratuitos desde el 2006 y con cargo al Estado dichos tramos, así como desde el 1 de enero del 2023 se ha aplicado una subvención para limitar la subida de las tarifas en todas las autopistas del Estado por la revisión anual del IPC, lo que es igual en la AP-9 a una rebaja equivalente a unos 15 millones de euros en peajes hasta el pasado mes de junio, se indica en el argumentario.