La ministra Diana Morant espera aplicar una reforma para frenar las universidades privadas el próximo curso
GALICIA
El grupo de trabajo para endurecer los requisitos de autorización de campus ya está trabajando
10 may 2024 . Actualizado a las 13:55 h.El Gobierno central prepara una reforma para frenar la proliferación de universidades privadas. Se aprobará antes del verano y se prevé aplicarla el próximo curso para garantizar la calidad del conjunto del sistema, según ha avanzado en una entrevista con EFE la ministra Diana Morant.
«Tenemos que poner freno a ese modelo de privatización de la educación» impulsado por algunas comunidades autónomas, ha subrayado la titular de Ciencia, Innovación y Universidades. También ha abogado por poner encima de la mesa el debate de por qué están proliferando los campus privados «al tiempo que en determinadas comunidades se maltrata a las públicas».
Hace unos días, el Ministerio constituyó un grupo de trabajo para acordar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios, con el fin de endurecer sus criterios de calidad. La intención es modificar el real decreto que fue aprobado en el 2021 por el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, que ya había supuesto un endurecimiento de los requisitos para autorizar campus, tanto públicos como privados.
Esa reforma «se aprobará antes del verano y queremos ya para el próximo curso tener esa capacidad de impacto en la planificación de las universidades», ha recalcado Morant.
Los datos indican que en los últimos 25 años, las privadas han triplicado su número y casi cuadriplicado la matrícula de estudiantes, mientras la oferta de la pública se mantiene estable. En Galicia, por ejemplo, empezó a funcionar en el curso 2022-2023 la primera universidad privada de la comunidad, la Intercontinental de la Empresa. Actualmente, hay en el país varios centros de iniciativa privada pendientes de autorización por el Gobierno central, uno de ellos gallego, Cesuga, que a día de hoy funciona adscrito a la universidad privada San Jorge de Zaragoza.
Ascensor social
Tras subrayar que la universidad pública garantiza el ascensor social, la ministra ha añadido que no se le puede obligar a competir «si no tiene una igualdad de condiciones porque no está bien financiada por las administraciones». Enfrente de ella, ha afirmado, «en muchas ocasiones» da la sensación de que hay universidades privadas «que vienen a ser básicamente empresas de expedición de títulos».
Por tanto, ha considerado necesario debatir qué se puede hacer «para mantener su calidad y, sobre todo, para advertir a aquellos que por una cuestión de modelo ideológico están privatizando a costa del maltrato de la pública, que no lo van a tener tan fácil y que no van a poder permitir que proliferen estas universidades privadas en detrimento de las públicas si no hay unos criterios de calidad».
Ha añadido que, incluso, «muchas veces en las comunidades autónomas desoyen los criterios desfavorables que emite el Ministerio y siguen adelante con esos planes de creación de centros privados. Entonces, de repente, no hay financiación para grados en la pública, pero aparecen esos mismos grados en la privada».
Según las estadísticas del propio ministerio, en el curso 2022-2023 operaban en España 50 centros públicos y 39 privados.