El Gobierno eliminará la cita previa obligatoria para trámites en la Administración Pública

La Voz REDACCIÓN

GALICIA

Imagen de la oficina de la Seguridad Social en Ourense en enero del 2023
Imagen de la oficina de la Seguridad Social en Ourense en enero del 2023 Miguel Villar

Función Pública suprimirá además la tasa de reposición en 2025 para aumentar plantilla y atraer a perfiles «séniors» de la empresa privada

31 ene 2024 . Actualizado a las 16:23 h.

El Gobierno pondrá fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

«Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria», ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará «lo antes posible» al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según ha indicado el titular de Función Pública.

La Xunta ya anunció que eliminó hace meses la obligatoriedad de esta cita previa en las oficinas de la Administración gallega. La posibilidad de pedir cita no se suprimió, visto que el sistema resultó en algún caso beneficioso para la organización del trabajo y de los propios administrados, pero la Xunta estableció un criterio que permitía que se atendiese también a los ciudadanos que acudiesen sin llamada previa en todas las oficinas.

El fin de la cita previa obligatoria que hoy anuncia el Gobierno forma parte de un nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de Escrivá quiere impulsar en esta legislatura y donde se incluye también la reforma del portal web de la Administración Pública (http://www.administracion.gob.es) para organizarlo por hechos vitales y en cooperación con todas las administraciones públicas.

La cita previa se generalizó en pandemia pero una vez pasada la emergencia sanitaria aún muchas administraciones seguían con el cartel de «exclusivamente con cita concertada». Dejó de ser obligatoria aún en febrero del 2023 y las restricciones de acceso, que penalizaban a gente mayor o poco familiarizada con las nuevas tecnologías fueron suavizándose de forma mucho más lenta de lo que fue su implantación. A los problemas de acceso se unían las listas de espera, con la experiencia de usuarios que tardaban incluso meses en conseguir que los atendiesen. 

El Defensor del Pueblo recibió decenas de quejas por el mal funcionamiento del sistema. Ángel Gabilondo había remitido varias de ellas a las instituciones para hacerles ver las dificultades que generaba esa cita previa obligatoria. Entre los casos citados, las numerosas quejas contra el papel de los guardias de seguridad prohibiendo el acceso en las puertas de la Seguridad Social, ciudadanos que contaban que los funcionarios directamente les recomendaban contratar a un asesor para conseguir hacer los trámites o el de un ciudadano que denunció que en el Registro Civil de Santiago solo era posible pedir cita telemáticamente. Como en el caso del Defensor del Pueblo, que centró sus exigencias de manera especial en las dependencias de la Seguridad Social, al convertirse la cita previa una barrera sobre todo para las personas de más edad y la gestión de sus pensiones, en Galicia la valedora, María Dolores Fernández Galiño, llegó a abrir doce actuaciones de oficio en un año y con la pandemia superada al observar como la cita previa habría vulnerado los derechos de la ciudadanía en su relación con la Administración. «A atención presencial é unha necesidade», planteó la valedora.

El Gobierno en su momento también estimó que la cita previa para acudir a sus dependencias era una herramienta que permitía organizar y racionalizar el trabajo de los funcionarios y que además les evitaba tensiones y estrés por picos en la demanda de sus servicios por parte de los ciudadanos. Sin embargo, los problemas generó parecen haber hecho cambiar al Gobierno de opinión. 

Uso de la Inteligencia Artificial

El ministro Escrivá ha anunciado también este miércoles que están trabajando en pilotos de hubs, alimentados con Inteligencia Artificial (IA), con especial foco en el reto demográfico y colectivos con especiales necesidades. Fuentes del Ministerio han indicado que se busca establecer una red a nivel entre comunidades autónomas para que los empleados públicos puedan interrelacionarse de manera «más completa».

Asimismo, el titular de Función Pública ha indicado que se buscará dotar a la Administración General del Estado (AGE) de un lenguaje claro y fácil a través de un gestor documental único para el que también están usando la IA. Esto permitirá «evaluar la complejidad» de los textos con el objetivo de hacer más accesible los documentos públicos al ciudadano, han indicado fuentes de Función Pública.

Asimismo, buscarán potenciar el uso del teléfono 060, con especial atención a colectivos vulnerables, los cuales tienen «difícil» interrelacionarse con la Administración.

Nueva Ley de Ciberseguridad

Durante su comparecencia, Escrivá ha anunciado también que en el siguiente período de sesiones llevarán al Congreso de los Diputados una Ley de Ciberseguridad para reforzar la ciberresiliencia del sector público, aunque ha asegurado que la Administración «no está mal en términos de ciberseguridad». Esta «palanca» mejorará la capacidad de respuesta de la Administración Pública a la ciudadanía.

En esta línea, ha señalado que otra «palanca» será la creación de una Agencia de Administración Digital que funcione de catalizador para favorecer la innovación al servicio de la ciudadanía, robotizando tareas repetitivas y desarrollando tecnologías con una visión amplía de la Administración.

Asimismo, ha anunciado la creación de una unidad operativa transversal capaz de hacer frente a los shocks externos, como una pandemia o la gestión de un plan de recuperación.

Función Pública suprimirá la tasa de reposición para aumentar plantilla y atraer a nuevos perfiles

El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública prevé poner fin a la tasa de reposición en la Administración en 2025 para recuperar la plantilla perdida en la última década y atraer nuevos perfiles profesionales, incluidos trabajadores procedentes del sector privado.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados Escrivá ha detallado que el objetivo es incrementar la plantilla del sector público del Estado, que es todavía un 10 % inferior a la de los años de la crisis financiera, una tensión que además va acompañada de un notable envejecimiento, ya que el 60 % de los empleados de la Administración Central estará jubilado en 10 años.

Para afrontar esta situación, el plan pasa por recuperar efectivos con la eliminación de la tasa de reposición -algo que no podría hacerse este año, pero sí plantearse para 2025- y distribuirlos en función de las necesidades de la cartera de bienes y servicios públicos en un entorno de mayor digitalización.

La tasa de reposición es la ratio que en función del número de bajas previas determina las personas que pueden acceder a un puesto en la administración pública.

Durante los años de crisis, esta tasa llegó a caer al 10 % elevándose en estos últimos ejercicios hasta para alcanzar el 110?% como norma general en 2023. Acabar con esta tasa supone poder convocar plazas sin tener estos límites prefijados. «Es muy difícil defender esta tasa cuando hablamos de modernizar (...) necesitamos un nuevo modelo», ha incidido.

El proceso requiere también buscar y retener perfiles escasos, lo que implica implementar itinerarios de carrera para motivarlos, así como ofrecer una segunda carrera profesional a empleados senior del sector privado con capacidad para gestionar proyectos de gran envergadura.

Escrivá ha señalado que confía en poder llegar a un acuerdo este año con los sindicatos de la función pública para poner en marcha estos nuevos planes en 2025. El ministro también ha apuntado la importancia de ir a un sistema de retribuciones variables «vinculado a la meritocracia y los resultados». En definitiva, se trata de abandonar la rigidez del sistema actual y favorecer tanto la formación de los empleados públicos para progresar en su carrera como fomentar la autonomía de los directivos públicos con el desarrollo de un estatuto.