El PSdeG denuncia que la sociedad mixta de renovables recibiese dinero público antes de aprobarse la ley que la ampara
GALICIA
El Consello de la Xunta aprobará la normativa este jueves tras una tramitación que los socialistas tildan de «irregular»
20 dic 2023 . Actualizado a las 20:17 h.La viceportavoz del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, acusó esta tarde al Gobierno gallego de «agochar toda a información» sobre la constitución de la sociedad Recursos de Galicia, cuya ley que la ampara será aprobada este jueves por el Consello de la Xunta. En una pregunta oral en el Parlamento a la titular de Economía, María Jesús Lorenzana, denunció que «aínda non se sabe si é pública ou privada» [está participada en un 30 % por la Xunta como socio mayoritario], pero que ya recibió «unha boa inxección de cartos públicos».
La diputada puso en duda la legalidad en el procedimiento de constitución de esta sociedade, ya que «non existe ningunha lei que a ampare». «É un escándalo que a Xunta siga sen facer público o procedemento de creación e constitución da mesma», denunció Rodríguez Rumbo. Apuntó que la sociedad Recursos de Galicia surge de Impulsa Galicia, paticipada por la Xunta en un 48 % como socio única, pero bajo el amparo de una ley que no existe. «A continuación, mentres a conselleira afirmaba que era unha empresa allea ao sector público, a Xunta inxectou 4,5 millóns de euros» en la sociedad y estableció su sede en el Igape. «Todo iso cheira mal», afirmó tras unos meses de tramitacíon que tildó de «irregular».
La conselleira de Economía resolvió que se trata de una sociedad privada con participación de la Xunta, y que los mecanismos que llevan a la Xunta a contar con el 30 % de las acciones están sujetos a la legislación mercantil y patrimonial vigente. «O único que lles interesa de Recursos de Galicia é a súa forma xurídica», lamentó Lorenzana, que defendió que la sociedad permitirá a la comunidad contar con precios energéticos competitivos.
La Xunta aprobará la ley que ampara la empresa mixta para aprovechar los beneficios de los eólicos
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó la última sesión de control del año, que pone fin al período de sesiones en el Parlamento y en la que la oposición le apremió a avanzar la fecha de la convocatoria electoral, para anunciar que el Gobierno gallego aprobará mañana la ley de beneficios de los recursos naturales de Galicia. La normativa ampara la creación de una sociedad público para gestionar estos recursos y los aprovechamientos de energía renovable en Galicia.
Esta sociedad mixta, ya en funcionamiento, está impulsada por 33 socios, 32 de ellos privados, en la que estos aportan inicialmente un capital de 15 millones. El objetivo, según la Consellería de Economía, Industria e Innovación, es que esa cifra se llegue a multiplicar en un plazo de cinco años, hasta alcanzar los 100 millones.
El principal accionista de la sociedad es la Xunta, que controla el 30% del capital, seguido de Abanca, con un 10%. Con idéntica cuota hay otras tres sociedades vehiculares, formadas por la metalúrgica Megasa y la maderera Finsa, por un lado; por la constructora Copasa, la dedicada a la gestión de residuos y aprovechamiento del agua Valtalia, y la cárnica Gesuga, por otro; y finalmente, por el Grupo Nogar (logística y energías renovables, entre otros), Pérez Rumbao (del sector del automóvil), la conservera Jealsa Rianxeira, la pesquera Lucasiñas y el Grupo Revi, del sector eléctrico.
El BNG había pedido en el Parlamento la retirada de esta normativa, calificándola de «tsunami depredador». «Trátase de que os froitos do noso vento, da nosa auga e do noso sol teñan un retorno beneficioso e directo tamén para a sociedade galega», defedió Rueda en marzo, cuando se presentó el anteproyecto de ley.
El texto contempla la financiación de préstamos, créditos u otros instrumentos de financiación reintegrables. Así, se podrán establecer líneas de préstamos, créditos u otros instrumentos de financiación reintegrables. Además, se podrán articular fórmulas de bonificación de los costes financieros de las operaciones. En el apartado de garantías, establece que se podrán constituir avales que garanticen operaciones de financiación concedidas por entidades u organismos públicos o privados.
El anteproyecto de ley de aprovechamiento de recursos naturales recoge la aplicación de un canon para gravar las líneas de evacuación de eólica marina, que irá entre los 10.000 y los 58.000 euros por kilómetro.