Los Charlines piden a la Audiencia Nacional declarar al final del juicio, cuando se exponga toda la prueba en su contra
GALICIA
La Fiscalía se opone a la solicitud de los acusados, que reclaman también la nulidad del juicio por dilaciones indebidas, cosa juzgada y prescripción
21 sep 2023 . Actualizado a las 13:33 h.El último juicio contra el último patrimonio investigado de los Charlines comenzó hoy en la Audiencia Nacional, 20 años después de que el clan más famoso del narcotráfico en Galicia se sentara ante el mismo alto tribunal por idéntico motivo. Se despacharon las cuestiones previas y los acusados reclamaron el archivo del proceso basándose en dilaciones indebidas, que los hechos han prescrito y que se incorporaron a las actuaciones conversaciones confidenciales entre abogado y cliente. En caso de que se continúe con la vista, solicitan que todos los integrantes de la familia procesados declaren al final, cuando se haya expuesto toda la prueba en su contra.
La Fiscalía se opone a que las declaraciones de los Charlines tengan lugar al final, tras la exposición del resto de pruebas y testificales, porque se da una falta de previsión legal: «[La Ley de Enjuiciamiento Criminal] «hace referencia a la declaración de acusados como primera prueba».
El tribunal juzga a los Charlines por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva, y en el banquillo comparecen nueve miembros del clan. A mayores, la Fiscalía expuso que se ha presentado un informe médico del acusado José Tato Arca en el que se refleja que su situación le impide ejercer su derecho adecuado a la defensa porque tiene afectada el habla y el entendimiento por una «demencia sobrevenida», por lo que se ha interesado el archivo del procedimiento para él, algo que el tribunal ha acordado al instante.
La defensa de la acusada Josefa Charlín solicita que se archive la causa para su defendida porque entiende que los hechos que se enjuician han prescrito -«se desconoce la fecha de adquisición de fondos que se consideran ilícitos, solo consta la procedencia de dos cuentas abiertas en 1994 y 1995», sostiene-- y porque ya fue juzgada por estos mismos hechos y condenada. El mismo letrado lamenta que se ha dado una vulneración y falta de respeto hacia los letrados del caso porque el sumario recoge «un centenar de conversaciones telefónicas de abogado-cliente» que «vulnera la confidencialidad» y es un intolerable menoscabo del derecho de defensa que debería suponer el sobreseimiento de la causa, añadió la defensa de Josefa Charlín.
El mismo abogado sostiene que se ha dado una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas, y añade que la causa se ha demorado 15 años desde que se inicia el procedimiento: «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», denunció para añadir que debe suponer la nulidad de lo actuado porque no es una sencilla atenuante, sino «una vulneración patente de un proceso con todas las garantías».
Madres e hijas
El abogado de María Teresa Charlín y su hija Natalia Somoza, Alejandro Vega, se ha adherido a lo expuesto por la anterior letrada. También invoca la nulidad de toda la investigación sobre sus representada «por el carácter prospectivo de la investigación». Cabe recordar que la investigación apunta que ambas participaron en una subasta de unos bienes que eran del clan supuestamente, la planta de lavado de marisco, y Vega apunta que los fondos con los que se hicieron con esa subasta tenían una trazabilidad bancaria correcta. «Sin que existiese actividad delictiva previa», añade el abogado. Por eso, insiste en que la investigación fue prospectiva, que «fue una pesca general» y que se fue contra María Teresa Charlín «solo por el ADN» a pesar de que la operación bancaria fue «exquisita».
La defensa de Noemí Outón, hija de Josefa Charlín, argumenta que su patrocinada está en el juicio solo por figurar como cotitular de una cuenta de su madre y como apoderada de otra cuenta de su madre y de su tío, y ha recordado que las mismas fueron abiertas en marzo de 2000; mientras que ella prestó declaración por primera vez el 7 de julio de 2010, por lo que el asunto estaría prescrito.
El resto de acusados, un empresario --Ramón Rodríguez Paz-- y dos abogados --Roberto Adán y Santiago Do Campo--, han secundado las peticiones de la primera de las defensas y han hecho hincapié en que están en la causa por grabaciones de conversaciones que estarían protegidas por la confidencialidad abogado-cliente.
La acusación pública
El fiscal, respondiendo a todas las cuestiones previas, solicitó inicialmente que la Sala resuelva sobre las mismas en sentencia y no con carácter previo, porque supondría valorar pruebas no expuestas en plenario. Tras esto, sobre las conversaciones telefónicas abogado-cliente incluidas en la causa, indicado que «no se vulneran derechos fundamentales» porque las defensas no han concretado cuáles son las mismas y porque «no se utilizan por Fiscalía conversaciones abogado-cliente», salvo las del abogado Adán porque está encausado.
Sobre la alegación de cosa juzgada y sobre la prescripción, la Fiscalía niega ambas, subrayando que para que se dé el primero de los casos debe tratarse de las mismas personas y los mismos hechos, algo que no ocurre en este caso a su juicio. Y en cuanto a las dilaciones indebidas, el fiscal apunta que sin perjuicio de que sea objeto de debate en las calificaciones finales, no tienen por qué suponer la nulidad de juicio porque el legislador ya dio respuesta a las mismas creando la figura de las atenuantes: «No toda limitación de derechos fundamentales supone la nulidad», explicó el fiscal.