La Justicia atraviesa su peor momento con críticas internas a un «sistema superado»
GALICIA
Las huelgas de este año agravan la crisis estructural que se arrastra desde hace décadas
02 jul 2023 . Actualizado a las 05:00 h.«La Justicia es un enfermo crónico permanentemente enchufado a una máquina para sobrevivir». Esta reflexión de la magistrada madrileña Natalia Velilla puede resumir el estado de la Justicia en España y, consecuentemente, en Galicia. Abre además un debate sobre lo que ocurre, sobre las causas de lo que algunos califican de situación insostenible con un sistema actual obsoleto que hay que refundar. La mayoría coinciden en que los problemas son estructurales y que no se solucionan con más juzgados, sino con la reorganización de todo el servicio público de Justicia.
¿Puede mantenerse el sistema de Justicia actual o hay que cambiarlo?
Sorprende la dureza de los presidentes de los tribunales superiores, máximos representantes del poder judicial en sus territorios. Para ellos, «el sistema actual de Justicia está totalmente superado y urge una profunda reforma». Es su principal conclusión tras unas jornadas de trabajo en la isla canaria de La Palma. Reconocen graves problemas de eficacia y de organización, y advierten que «casi se podría hablar de refundar el sistema» a la vez que denuncian «los déficits organizativos y estructurales que lastran a la Justicia desde hace décadas».
¿Cómo influyen las huelgas en el deterioro del sistema?
«Decir que la Justicia está mal por culpa de las huelgas es quedarse corto. La Justicia está mal desde siempre», sostiene la magistrada Velilla, que cree que el sistema sobrevive con el esfuerzo de los jueces y del resto de los operadores jurídicos: abogados, procuradores, forenses... Pero las huelgas han sido un duro golpe, como la que están manteniendo los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Especialmente dañina fue la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Estos funcionarios lograron, durante dos meses, paralizar la actividad judicial. Su papel es esencial en la tramitación y notificación de asuntos, por lo que durante esos dos meses apenas se movió un papel en los juzgados y tribunales. La espera se ha multiplicado y son muchas las consecuencias de ese paro, que solo en Galicia obligó a suspender 18.000 procedimientos judiciales. Recuperar el tiempo perdido va a suponer aproximadamente un año de trabajo, según los cálculos que se realizan desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza. Podría ser peor: todo el sector judicial respira aliviado por la desconvocatoria de la anunciada huelga de jueces. De hecho, difícilmente el sistema hubiera podido soportar un paro de esa magnitud.
¿Cuál ha sido el papel del Gobierno en esta crisis?
Como se ha dicho, la Justicia está en crisis desde siempre, con graves problemas estructurales. Por eso sería injusto atribuir la situación actual a un solo Gobierno. Pero lo cierto es que el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop tiene una gran responsabilidad en el panorama actual, pues es el gestor de los recursos. También ha tenido que lidiar con una permanente conflictividad, huelgas y reclamaciones. Y esa conflictividad ocultó la elaboración de leyes para modernizar la Justicia, como las de eficiencia organizativa, procesal y digital, que se han quedado paradas por la convocatoria electoral. El Gobierno basaba en esas leyes «la reducción de tiempos y satisfacción de la ciudadanía, y una eficiente asignación de recursos y capacidad de gestión de datos».
¿De qué forma se ven afectados abogados y procuradores?
Los principales perjudicados por las huelgas y atascos judiciales son los ciudadanos, que ven mermado su derecho a ser atendidos en tiempo y forma por la Justicia. Pero la crisis del sistema va más allá y afecta a todo el ámbito jurídico, en especial a abogados y procuradores. Los primeros han denunciado la preocupante situación que están atravesando. La presidenta de los abogados gallegos, Lourdes Carballo, reconoció a La Voz que «la situación es terrible». Y resume así el problema: «Los abogados somos un reflejo de la Administración de Justicia. Si esta va bien y hay buena respuesta, los despachos somos un recurso muy valorado. Si la Justicia para, la abogacía para, y a los abogados eso nos supone grandes costes». También es explícito Augusto Pérez-Cepeda, decano de los letrados coruñeses, que se pregunta: «¿Cuántos años llevamos reclamando que el sistema judicial mejore?». Dice que hay situaciones muy complicadas, con abogados «que han visto reducidos sus ingresos a cero», y denuncia que hay juzgados que están fijando juicios para el 2027. También los procuradores gallegos sufren este momento tan duro. Su presidente, José Antonio Fandiño, advierte que Galicia alcanzó su máximo histórico de asuntos en trámite, con más de 167.000 casos pendientes al cierre del 2022. Fandiño propone copiar el modelo portugués para que los procuradores puedan asumir competencias en tramitación y notificación y reducir así la pendencia.
¿Está tan mal la Justicia en Galicia?
«No son tiempos fáciles, pero mi experiencia de 43 años me dice que nunca lo son para quienes formamos parte del poder judicial». Lo explica el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde, que el pasado jueves recibió a las diez juezas de la última promoción que van a ejercer en la comunidad de Galicia en funciones de sustitución o refuerzo. Reconoce que en este momento son necesarias amplias reformas en la Justicia, «pero eso no implica que el actual modelo y la labor de los jueces no sean útiles a la sociedad».
El presidente del TSXG lamenta que en los últimos días, y a propósito de revindicaciones profesionales, desde distintos sectores del ámbito jurídico se hayan hecho valoraciones «absolutamente exageradas sobre el funcionamiento de la justicia en Galicia, que hablan de situación insostenible o crisis reputacional». Castroverde no está de acuerdo con esa percepción: «Es cierto que estamos ante un reto muy importante, pero no admitimos catastrofismos. Hemos superada la huelga de funcionarios del 2018 y los efectos del confinamiento y la pandemia. Entiendo, aunque no comparta, otros puntos de vista, pero pido rigor y respeto para todos los jueces y juezas de Galicia, y para la labor que hacemos desde la Sala de Gobierno».